La ministra de Salud, Ana María Vesga, advirtió al país sobre las “serias deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas” que encontró en esa cartera, a un mes de su llegada al cargo, al hacer un relato pormenorizado de los hallazgos y anunciar las decisiones penales y frente a la contratación que ha tomado.
Vesga presentó denuncia penal ante la Fiscalía y paralizó toda contratación en la cartera tras descubrir, apenas tres días después de posesionarse, graves deficiencias fiscales que incluyen casi $3 billones comprometidos pero no ejecutados y decenas de proyectos de infraestructura sin registro presupuestal.
El 5 de septiembre, la Ministra entregó personalmente a los investigadores un audio y toda la documentación recopilada durante una revisión exhaustiva que inició el pasado 7 de agosto. La indagación reveló que la Contraloría había emitido opinión contable negativa para la vigencia 2025, encontrado deficiencias en el control interno fiscal y dejado sin fenecer la cuenta fiscal de la entidad, lo que impidió cerrar adecuadamente las finanzas del Ministerio.
Las cifras encendieron las alarmas. En un solo rubro principal, la cartera contaba con una apropiación de $4,4 billones. De ese monto, $4,3 billones ya estaban comprometidos, pero apenas $1,3 billones habían pasado a la etapa de obligación y pago, dejando una diferencia de aproximadamente $2,9 billones en una zona gris de asignaciones sin materialización.
La auditoría interna también detectó 28 resoluciones que canalizaban 176 proyectos por más de $490 mil millones, de los cuales 108 —valorados en $365.604 millones— carecían de registro presupuestal. Cerca del 83% de ese dinero correspondía a obras de infraestructura.
Ante el hallazgo, Vesga firmó el 10 de agosto una circular interna que suspendió de manera temporal los nuevos procesos de contratación, la suscripción de contratos y convenios, las prórrogas y las modificaciones sustanciales a los contratos vigentes. Las excepciones quedaron sujetas a justificación y autorización previa del despacho ministerial. Durante ese escrutinio, la cartera identificó posibles hechos de corrupción vinculados a esas asignaciones, que fueron puestos de inmediato en conocimiento de las autoridades competentes.
El Ministerio fue enfático en deslindar responsabilidades. “Jamás se ha solicitado, autorizado, recibido ni permitido que nadie solicite un solo peso, porcentaje, comisión o beneficio en su nombre”, señaló la entidad, al advertir que quienes hubieren utilizado el nombre de la cartera para pedir dinero o negociar recursos públicos deberán responder ante la justicia.
“Los recursos de la salud no son una caja menor de funcionarios, contratistas, intermediarios ni políticos: son recursos públicos destinados a hospitales, medicamentos y a la atención de millones de colombianos. Cada peso comprometido será revisado y cada irregularidad será denunciada”, afirmó la Ministra.
La investigación fiscal continuará con independencia del proceso penal. La cartera cruzará la información con las resoluciones, los beneficiarios, los soportes técnicos y jurídicos y los registros presupuestales de los proyectos en revisión. “Tenemos una sola instrucción: transparencia absoluta y los recursos de la salud al servicio de los colombianos”, concluyó Vesga.