Ya se hacen presente las diferentes reacciones sobre el anuncio del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de expedir el decreto con el cual se volvió a habilitar el porte legal de armas para los civiles, con el fin de enfrentar la delincuencia.
La decisión quedó plasmada en el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, que no restablece la vigencia de los permisos que se encuentren activos y que no tengan restricciones individuales, pero aclara que no habilita porte de armas con permisos suspendidos, vencidos, cancelados o revocados, ni modifica los requisitos legales para portar armas. Lea también: Dumek Turbay se pronuncia sobre el levantamiento de la suspensión del porte de armas
Los cuestionamientos al regreso del porte legal de armas
Por parte de la izquierda, la senadora del pacto histórico Esmeralda Hernández demandará el decreto por ser una “medida sumamente peligrosa. Armar a la ciudadanía no mejorará la seguridad; al contrario, puede desatar más violencia. En un país con altos niveles de intolerancia, cualquier discusión cotidiana podría terminar escalando a una confrontación armada. No es casualidad que gobiernos anteriores hayan respaldado la restricción al porte de armas”.
Asimismo, el senador Kevin Gómez se opuso y expresó que “ningún país del mundo bajó sus homicidios o mejoró su seguridad repartiendo pistolas. Ya Bolsonaro le vendió a Brasil la misma farsa de flexibilización en el porte de armas para ciudadanos de bien y los resultados concretos fueron el fortalecimiento de grupos paramilitares que terminaban con armas legales, y un aumento del 76% en las masacres relacionadas con conflictos por la tierra y un aumento del 17,2% en los feminicidios y muertes evitables”.
Por su parte, el representante a la Cámara Mauricio Toro, de la Alianza Verde, afirmó que el decreto es “un error”, ya que “se había demostrado que el porte de armas incrementó el homicidio, en los años 2024 y 2025 y en el 2026 iba un 10%, con el porte legal vamos a tener más homicidios”.
Las razones detrás de los respaldos anunciados tras el decreto
Por otro lado, desde el uribismo los congresistas respaldaron el decreto, de acuerdo con el senador Óscar Villamizar, quien aseguró que “lo pedimos desde el Centro Democrático, se levantó la suspensión general de permisos para porte de armas de fuego. El ciudadano de bien tiene derecho a la legítima defensa”.
El representante Jaime Arizabaleta siguió la misma línea y manifestó que “no hay mejor manera de detener a un hombre malo armado que con un hombre bueno armado”. Le puede interesar: Porte de armas en Colombia: ¿quiénes podrán hacerlo y bajo qué reglas?
El exsenador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa afirmó que “con esta medida el país vuelve al modelo existente en 2015 y garantiza que desaparezcan abusos como el porte especial. Un doble permiso que impedía que los ciudadanos respetuosos de la Ley contarán con herramientas de protección aún teniendo salvoconducto. Con esta decisión Colombia avanza hacia una verdadera política de registro y control. Algo indispensable para contrarrestar el tráfico, posesión y porte ilegal en ciudades como Cali y departamentos como el Valle”.
Además del decreto del presidente, en la Cámara de Representantes se radicó un proyecto de ley por parte del representante liberal Octavio Cardona, que busca modificar “la regulación de la tenencia, el porte, la clasificación, la comercialización y el uso de armas, municiones, explosivos y sus accesorios”.