El futuro del plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo quedó en manos de la justicia. El Gobierno nacional ya presentó su respuesta a la medida cautelar que suspendió temporalmente la iniciativa, mientras se evalúan sus posibles efectos sobre la salud pública y el medioambiente.
La decisión fue tomada por el Juzgado Tercero Promiscuo de Puerto Asís, tras una acción de tutela que cuestiona el uso del herbicida escogido para reemplazar al glifosato en esta nueva estrategia contra los cultivos de coca. Según cifras oficiales, Colombia tiene cerca de 261.000 hectáreas sembradas.
¿Por qué se suspendió la aspersión aérea en Putumayo?
La tutela fue presentada por Jhonatan Enrique Meneses Valencia, representante de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social. El recurso sostiene que el plan piloto, que aún no había comenzado a ejecutarse, podría afectar derechos fundamentales relacionados con la salud, el acceso al agua y un ambiente sano.
La selección de Putumayo responde también a la magnitud del problema de los cultivos ilícitos en la zona. De acuerdo con el más reciente reporte de la UNODC, el departamento concentra cerca de 49.000 hectáreas de coca y, junto con Catatumbo y Nariño, constituye uno de los principales núcleos de producción consolidados por el narcotráfico durante la última década.
¿Qué argumentó el Gobierno sobre el glufosinato de amonio?
De acuerdo con lo conocido por EL TIEMPO, el Ejecutivo sostiene que la aspersión aérea no debe ser considerada por sí misma una amenaza, sino una herramienta para proteger a las comunidades, recuperar el control territorial y afectar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales.
El Gobierno argumenta que el mayor riesgo proviene de los cultivos ilícitos cuando están bajo control de grupos armados, debido a que estas economías ilegales financian actividades como la extorsión, el reclutamiento de menores, el desplazamiento y el confinamiento.
En materia ambiental, el Ejecutivo señala que los cultivos de coca también contribuyen a la deforestación, la expansión ilegal de la frontera agrícola y la contaminación de fuentes hídricas, además del uso de sustancias químicas durante la producción de cocaína.
Por ello, sostiene que una aspersión sometida a controles técnicos, ambientales, sanitarios y constitucionales puede hacer parte de la respuesta contra el narcotráfico.
¿Qué dijo el promotor de la tutela?
Meneses Valencia invitó al presidente a reunirse con las comunidades de Putumayo y aseguró que está de acuerdo con combatir a los grupos armados, pero cuestionó una eventual aplicación masiva de la aspersión.
“A los grupos guerrilleros hay que combatirlos con todo el rigor de la justicia, y estamos nosotros como organización, y yo como persona que interpuso la acción de tutela, a favor de que él persiga a los criminales. Lo único es que cuando se va a hacer una aspersión masiva que afecta la salud de las personas, y más en un departamento tan delicado como la Amazonía en la región del Putumayo, no se pueden implementar estas medidas a la fuerza”, señaló Valencia en entrevista con EL TIEMPO.
¿Cuándo se conocerá la decisión sobre la aspersión?
Con la respuesta del Gobierno, el juez deberá analizar los argumentos y las pruebas de las partes y emitir un fallo de primera instancia en un plazo de 10 días hábiles. Allí determinará si ampara los derechos invocados o si levanta la suspensión del plan piloto.
La decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días hábiles siguientes. Si ocurre, el caso pasará a segunda instancia, que tendrá hasta 20 días hábiles para resolver. Después, el expediente llegará a la Corte Constitucional, que podrá determinar si lo selecciona para una eventual revisión.
