La búsqueda de personas desaparecidas será una de las primeras tareas que deberán cumplir Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, y los otros seis integrantes del antiguo Secretariado de las Farc sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por hechos relacionados con el secuestro. La ejecución de las sanciones ya fue formalizada y contempla trabajos restaurativos, restricciones de movilidad y monitoreo electrónico permanente.
Según conoció EL TIEMPO, el primer proyecto se desarrollará en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde se realizarán labores orientadas a la búsqueda de personas desaparecidas.
¿Qué sanción deberán cumplir Timochenko y los demás exjefes de las Farc?
Los siete comparecientes no serán enviados a prisión. La JEP estableció para ellos una sanción propia, que combina años de trabajos, obras y actividades con contenido restaurativo y reparador con restricciones estrictas a la libertad.
Los tiempos establecidos son los siguientes: Rodrigo Londoño Echeverri, ocho años; Pablo Catatumbo Torres Victoria, ocho años; Jaime Alberto Parra Rodríguez, siete años, diez meses y dos días; Milton de Jesús Toncel Redondo, siete años, ocho meses y 25 días; Pastor Lisandro Alape Lascarro, seis años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo Cubillos, seis años, y Rodrigo Granda Escobar, cinco años.
La sentencia contempla 79 actividades distribuidas en siete regiones y 12 departamentos. El cronograma inicialmente debía comenzar el 15 de agosto, pero su ejecución se retrasó debido a que la decisión de segunda instancia aún no estaba en firme por solicitudes de aclaración. Estas fueron resueltas el 24 de agosto.
La JEP consideró que el retraso obedeció a una situación de fuerza mayor y modificó las fechas de ejecución sin reducir la duración de las sanciones.
¿Qué harán en la búsqueda de desaparecidos en Pitalito?
La primera actividad concreta está programada entre el 21 y el 30 de septiembre. En esa fase participarán Londoño, Granda, Alape, Parra y Toncel, quienes apoyarán las labores de búsqueda de personas desaparecidas en el cementerio San Antonio de Padua, bajo la dirección técnica de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
En ese lugar están acreditadas 27 víctimas de los macrocasos 01 y 10. Además, en Huila han sido identificadas 14 personas desaparecidas relacionadas con el caso.
Los comparecientes realizarán actividades de apoyo físico y logístico, como adecuación de terrenos, excavación manual y tamizado, además de acompañar las labores de los antropólogos. No tendrán funciones forenses.
Mientras tanto, Pablo Catatumbo y Julián Gallo iniciarán en Bogotá las actividades de memoria que les fueron asignadas.
¿Qué restricciones tendrán durante la sanción de la JEP?
Durante el cumplimiento de la sanción, los siete deberán permanecer en la sede territorial establecida para cada etapa del cronograma. No podrán cambiar de residencia sin autorización previa y expresa de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
También tendrán que cumplir una jornada obligatoria de lunes a viernes, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, dedicada a los trabajos restaurativos. La JEP podrá modificar estos horarios dependiendo de las condiciones de cada proyecto y de circunstancias particulares debidamente justificadas.
Además, no podrán salir del departamento correspondiente a la fase de ejecución sin autorización judicial y tendrán prohibida la salida del país durante todo el periodo de la sanción.
A estas medidas se suma el uso de dispositivos de monitoreo electrónico durante las 24 horas, cuyo seguimiento estará a cargo de la JEP.
¿Qué entidades vigilarán el cumplimiento de las sanciones?
La Agencia para la Reincorporación deberá garantizar alojamiento, alimentación y atención en salud. Por su parte, el Ministerio de Defensa deberá establecer un protocolo de seguridad para las actividades en Pitalito y presentar informes trimestrales.
Medicina Legal tendrá 20 días para realizar valoraciones médicas y psicológicas, mientras que la Secretaría Ejecutiva de la JEP deberá presentar planes y protocolos dentro de plazos de entre 30 y 90 días.
La Procuraduría y la Contraloría estarán encargadas de vigilar el cumplimiento de las medidas. Además, antes de iniciar cada actividad en un territorio, deberán ser consultadas las víctimas acreditadas, cuyos representantes tendrán un plazo para pronunciarse sobre la forma en que deberán desarrollarse los trabajos restaurativos.
La decisión fue firmada por los magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y, según lo establecido por la JEP, no admite recursos.
