El proyecto de ley de sometimiento que prepara el Gobierno de Abelardo De la Espriella busca establecer una ruta para que integrantes de grupos armados ilegales abandonen las armas y se acojan a la justicia bajo condiciones previamente definidas por el Estado.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, ha explicado que la iniciativa no contempla reconocimiento político ni una mesa para negociar las condiciones con las organizaciones.
Ley de sometimiento: el reto de desmovilizar sin generar impunidad
Quienes quieran acogerse deberán aceptar las reglas establecidas por la ley y asumir las consecuencias jurídicas de sus delitos. El Gobierno también ha señalado que no busca negociaciones prolongadas ni beneficios que impliquen impunidad.
Sin embargo, mientras el proyecto continúa en construcción y todavía no se conocen de manera completa las condiciones ni las eventuales penas, uno de los principales interrogantes es qué tan atractiva será la oferta para estructuras que conservan capacidad territorial y criminal.
Para la investigadora y experta en dinámicas del conflicto Paula Tobo y para Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia y conjuez de las altas cortes, el éxito de la fórmula dependerá de que los beneficios estén ligados a obligaciones verificables: entrega de información para desmantelar las redes, abandono de las economías ilegales y mecanismos efectivos de reparación a las víctimas.
El primer reto está en los incentivos
El escenario que enfrenta el Estado es distinto al de otros procesos de desmovilización. Tobo advierte que las organizaciones que eventualmente podrían acogerse a la nueva legislación no necesariamente se encuentran debilitadas militarmente.
“Estamos hablando de grupos que están fortalecidos, en expansión, con diferentes velocidades, no son grupos debilitados por la acción del Estado y que, por tanto, tengan necesidad de algún incentivo notable para acceder a una oferta, bien sea de movilización o de sometimiento colectivo”, explicó.
En ese contexto, la futura legislación tendrá que establecer una oferta que resulte suficientemente atractiva para quienes decidan abandonar las estructuras armadas, pero que al mismo tiempo preserve las responsabilidades derivadas de los delitos cometidos y los derechos de las víctimas.
Uno de los puntos que Tobo considera determinantes es la información que deberán entregar las organizaciones para demostrar que efectivamente están siendo desmanteladas.
Esto implicaría que las autoridades tengan identificadas sus estructuras, mandos, redes de apoyo, rutas, fuentes de financiación y vínculos con otras organizaciones. El sometimiento, bajo esta perspectiva, no se limitaría a la entrega de armas o de integrantes de una estructura.
Beneficios condicionados a resultados
Para Hernando Herrera, cualquier tratamiento especial debería estar directamente relacionado con el tránsito a la legalidad y no eliminar la responsabilidad penal de quienes hayan participado en actividades criminales.
“Cualquier tratamiento especial solamente debe tener por fin la desmovilización o el tránsito a la legalidad, pero nunca dejar de desconocer la responsabilidad penal de quienes hayan participado en actividades criminales”, afirmó.
El experto considera que quienes todavía no hayan sido condenados deberían asumir compromisos verificables, entre ellos la dejación de las armas y el abandono de las economías ilícitas. También plantea que la legislación establezca consecuencias claras para quienes incumplan los compromisos adquiridos.
“Si ellos incumplieron (…) no existe la posibilidad, como desafortunadamente en el país ha ocurrido, de segundas, terceras o cuartas oportunidades frente a personas que incumplen ese tipo de sometimientos”, sostuvo.
La propuesta también tendría que definir cómo se verificará que quienes reciban un tratamiento especial permanezcan dentro de la legalidad y qué ocurrirá si vuelven a delinquir.
El antecedente más cercano es la ruta de sometimiento individual establecida mediante el Decreto 965 de 2020 para integrantes de grupos armados organizados. La discusión ahora será determinar si los beneficios previstos para un eventual sometimiento colectivo serán diferentes o superiores a los de esa ruta.
El desmantelamiento va más allá de entregar las armas
Uno de los principales desafíos consiste en evitar que la salida de una organización termine dejando disponibles los territorios y las economías ilegales que posteriormente pueden ser aprovechados por otros grupos.
Tobo advierte sobre el denominado “reciclaje criminal”, una dinámica en la que las estructuras pueden cambiar mientras permanecen las redes económicas y territoriales que sostienen la actividad ilegal.
“Este es el cuento viejo de desmovilizamos a un grupo e inmediatamente se crea otro, porque esos factores de persistencia y reciclaje nunca son atendidos”, afirmó.
Por eso, considera que el concepto de desmantelamiento debe ir más allá de la estructura armada. Las redes que sostienen las economías ilegales pueden permanecer incluso después de la salida de los combatientes o de los principales mandos.
“Va a hacer falta tener una mirada mucho más desde la política criminal, más desde la investigación, más desde la inteligencia para destapar estas redes que están detrás de los grupos”, explicó.
La discusión adquiere relevancia porque el Gobierno ha planteado la futura ley como un mecanismo de acogimiento voluntario al Estado de derecho, diferente a una negociación política. El texto todavía no ha sido radicado y el Ejecutivo prevé presentarlo al Congreso en las próximas semanas.
Las víctimas y los bienes de las organizaciones
Otro de los puntos señalados por Herrera es la reparación a las víctimas. En su análisis, el sometimiento debería producir información suficiente para identificar los bienes y patrimonios relacionados con las actividades criminales.
“La extinción de dominio no puede seguir beneficiando simplemente al Estado, tiene que beneficiar a las víctimas”, afirmó.
Bajo esta perspectiva, la recuperación de los bienes adquiridos o acaparados mediante actividades ilegales podría convertirse en un mecanismo de reparación, siempre que el proceso de sometimiento permita establecer su origen y vinculación con las estructuras criminales.
El planteamiento supone que la entrega de información no sea únicamente un requisito formal, sino una de las condiciones para acceder y conservar los beneficios jurídicos.
El riesgo de que un grupo salga y otro ocupe su lugar
La experiencia colombiana también plantea otro desafío: la salida de una organización armada no necesariamente significa el fin de las economías ilegales presentes en un territorio.
La coca, la minería ilegal y otras actividades criminales generan relaciones económicas que pueden mantenerse incluso cuando desaparece una estructura armada. Si esas condiciones permanecen, otros grupos pueden intentar ocupar los espacios dejados por quienes se sometan.
Para Tobo, una ley de sometimiento puede convertirse en una herramienta dentro de la estrategia de seguridad, pero no resolvería por sí sola las transformaciones territoriales necesarias para desvincular a las comunidades de las economías ilegales.
“Una ley de sometimiento es muy necesaria, por supuesto, pero no va a resolver, por ejemplo, las transformaciones territoriales que se requieren para desligar a la población de las economías ilegales”, sostuvo.
Así, el principal desafío de la iniciativa será determinar cómo convertir la entrega de armas en un verdadero desmantelamiento de las estructuras. Para ello, la futura ley tendrá que definir con precisión qué ofrece el Estado, qué deben entregar quienes se sometan, cómo se verificarán esos compromisos y cuáles serán las consecuencias ante un eventual incumplimiento.
El Gobierno aún no ha divulgado el texto definitivo de la iniciativa ni ha precisado todos los beneficios jurídicos que contempla. (Cambio)
