El Gobierno nacional identificó presuntas irregularidades administrativas y financieras en once cajas de compensación familiar que fueron intervenidas durante la administración de Gustavo Petro, según información conocida por Semana. Los hallazgos hacen parte de las revisiones realizadas sobre la gestión de estas entidades.
En Colombia, existen 42 cajas de compensación y, de acuerdo con los datos divulgados por el vocero del Gobierno de Abelardo de la Espriella, Miller Soto.
De acuerdo con el funcionario, las once entidades señaladas hacen parte de un sector que administró cerca de 14,1 billones de pesos durante 2025. Estos recursos provienen del aporte equivalente al 4 por ciento de la nómina de los trabajadores. Lea: Los chats entre Gustavo Petro y Eva Ferrer revelan tensiones en su entorno
¿Qué irregularidades encontró el Gobierno en las cajas de compensación?
Uno de los casos señalados por Soto corresponde a Comfenalco Antioquia, entidad a la que se refirió como “la telaraña azul”. Según el vocero, en este caso se habría identificado una presunta red de intereses políticos que habría intentado ejercer un control irregular sobre recursos superiores a 1 billón de pesos.
Soto calificó este episodio como uno de los casos más críticos dentro de los hallazgos conocidos. La información suministrada por el Gobierno vincula las presuntas anomalías con la administración de los recursos de las cajas, cuyo origen está relacionado con los aportes realizados sobre las nóminas de los trabajadores.
¿Qué pasó en Comfamiliar Atlántico tras la intervención?
Otra de las entidades mencionadas es Comfamiliar Atlántico, intervenida en julio. De acuerdo con la información divulgada, en esta caja fueron detectadas modificaciones administrativas realizadas a última hora y contratos de larga duración que excedían el periodo previsto para la intervención.
A estos hechos se suman señalamientos relacionados con un presunto caso de acoso laboral, posibles incompatibilidades y maniobras que habrían tenido efectos económicos millonarios. Los hallazgos hacen parte de las irregularidades administrativas y financieras identificadas por el Gobierno en las entidades intervenidas. Le puede interesar: Verónica Alcocer y Eva Ferrer: sin acuerdo tras audiencia de conciliación
La documentación recopilada sobre los casos fue entregada a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría, entidades a las que corresponde determinar las eventuales responsabilidades derivadas de los hechos reportados. El Gobierno señaló que busca establecer el alcance de las posibles irregularidades detectadas.
“La documentación completa fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría para que determinen responsabilidades”, afirmó Miller Soto.
El vocero agregó que los recursos de los empleados no serán instrumentalizados por intereses ulteriores y sostuvo que se llegará “hasta las últimas consecuencias” para proteger el patrimonio de las familias colombianas.
