La falta de acuerdo en la tercera audiencia de conciliación abre la posibilidad de que la disputa económica entre Eva Ferrer y Verónica Alcocer pase a los juzgados civiles.
La diligencia tuvo lugar el 14 de septiembre en la Cámara de Comercio de Bogotá y terminó sin que las partes alcanzaran una fórmula para resolver el reclamo.
La pretensión económica supera los $640 millones. La defensa de Ferrer sostiene que esa suma corresponde a servicios de asesoría que prestó durante la campaña presidencial de 2022 y los primeros meses del gobierno de Gustavo Petro, incluidos periodos de trabajo que, según su versión, quedaron sin remuneración.
Ferrer estuvo vinculada al círculo cercano de Alcocer durante ese periodo y fue representada en la diligencia por la abogada María Soledad Morales. La ex primera dama compareció a través de un abogado, quien no aceptó una propuesta de conciliación. Lea:
Entre las personas citadas también estaba Manel Grau, uno de los catalanes cercanos a Alcocer. Sin embargo, había informado con anterioridad que no acudiría a la audiencia y que no tenía interés en intervenir en el procedimiento.
El reclamo incluye actividades de asesoría civil y comercial. Según la defensa de Ferrer, dentro de los trabajos realizados estuvieron asuntos relacionados con la estrategia publicitaria, la coordinación de agenda y el acompañamiento durante viajes, incluido un desplazamiento a Noruega.
Los compromisos económicos contemplaban pagos en euros y en pesos colombianos. La suma reclamada reúne esos conceptos y los valores correspondientes a los últimos meses en los que Ferrer habría continuado trabajando sin recibir el pago que, de acuerdo con su defensa, estaba pendiente.
¿Qué investiga la Fiscalía a partir de los audios atribuidos a Ferrer?
El conflicto por el dinero no es el único asunto en el que aparece Ferrer. En agosto de 2026 circularon grabaciones atribuidas a ella en las que se mencionan asuntos relacionados con dinero, contratación estatal y personas del entorno de Alcocer.
Tras la divulgación de esos audios, la Fiscalía inició una indagación orientada a establecer tanto el alcance como la veracidad de las afirmaciones. El expediente busca determinar si de lo expresado en las grabaciones pueden derivarse posibles irregularidades en el manejo de recursos o eventuales gestiones de influencia sobre procesos de contratación pública.
Los señalamientos contenidos en las grabaciones permanecen bajo investigación. De manera paralela, Marcela Ulloa, quien ocupó el cargo de jefa de Comunicaciones Externas y Prensa de Ecopetrol, presentó una denuncia en la que afirmó haber recibido presiones luego de rechazar la gestión de un patrocinio cercano a los $7.200 millones relacionado con proyectos de Ferrer. Ulloa aseguró además que posteriormente fue despedida. Le puede interesar:
Tras la no conciliación, la defensa de Ferrer contempla trasladar el reclamo económico a la justicia civil. Si finalmente se presenta una demanda, serán los jueces quienes deberán establecer si existe una obligación de pago por los más de $640 millones reclamados y cuál sería su alcance.
