El Gobierno de Abelardo De La Espriella empieza a encontrar respaldo en el Congreso para algunas de sus principales apuestas en materia de justicia y seguridad. Aunque todavía no ha presentado todas las reformas anunciadas, ya avanzan iniciativas que podrían modificar de manera importante el funcionamiento de la JEP y el modelo de sometimiento de grupos criminales.
Uno de los primeros asuntos en discusión es el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz para 2027. Las comisiones económicas aprobaron en primer debate una reducción de $170.000 millones, por lo que la JEP tendría que operar con $721.000 millones.
La medida ha generado preocupación dentro del tribunal. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió que el ajuste podría dejar a la jurisdicción “realmente inoperante” y sostuvo que su principal preocupación está relacionada con los derechos de las víctimas y el avance de los procesos de los firmantes. Lea: Abelardo de la Espriella defiende recorte al presupuesto de la JEP para 2027
Desde la Secretaría Ejecutiva también defendieron los recursos destinados a desplazamientos. Danilo Suárez explicó que el 99% del dinero destinado a comisiones de viaje se utiliza para garantizar la participación de víctimas y comparecientes en diligencias y audiencias, además del traslado de equipos judiciales a los territorios. El funcionario calificó como “incompleta y desenfocada” parte de la información difundida sobre este gasto.
El recorte todavía debe superar la discusión en las plenarias del Senado y la Cámara. Si obtiene el respaldo definitivo, el presupuesto pasaría posteriormente a sanción presidencial.
Reforma busca modificar el tiempo de vigencia de la JEP
En paralelo, la bancada de Salvación Nacional presentó un acto legislativo que busca limitar la vigencia de la JEP hasta marzo de 2028, evitando una eventual extensión por otros cinco años.
El senador Enrique Gómez, principal autor de la iniciativa, aseguró que “esta es una solución que le puede llegar a ahorrar al año al país cerca de 900.000 millones que hemos propuesto, en concierto con la rama judicial, entren a aliviar graves rezagos presupuestales que tiene la rama Judicial ordinaria en todas sus especialidades”.
Según explicó, la propuesta modifica el esquema establecido cuando fue creada esta jurisdicción. “Plantea una modificación sustancial, ya que en el acto legislativo que creó la jurisdicción se estableció un plazo de máximo 15 años, prorrogables por otros cinco a petición de los magistrados y con previa aprobación de una ley ordinaria en el Congreso, para un total de 20 años”.
La reforma constitucional tendría un trámite más largo, pues requiere ocho debates antes de convertirse en una modificación de la Constitución.
Así sería el nuevo modelo de sometimiento criminal
Otro de los proyectos que empieza a tomar forma está relacionado con la actualización de la ley de orden público y el sometimiento de estructuras criminales.
La propuesta contempla que los grupos que busquen acogerse a la justicia deban cumplir previamente condiciones jurídicas establecidas. El esquema también incluiría beneficios condicionados a la colaboración con las autoridades y al desmantelamiento de las organizaciones.
En el caso de quienes ocupen posiciones de mayor responsabilidad, se plantea que las penas condicionadas no superen el 30 % de la condena original. Para otros integrantes de las estructuras se contempla una reducción de hasta el 50 %, siempre que exista colaboración para desarticular la organización, entrega de bienes, información sobre personas secuestradas y reparación a las víctimas.
También se modificaría el acceso a la libertad condicional. Mientras actualmente puede solicitarse después de cumplir tres quintas partes de la condena, quienes ingresen al mecanismo de sometimiento tendrían que cumplir cuatro quintas partes.
El proyecto además busca que los beneficios estén ligados a compromisos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, junto con la entrega de bienes obtenidos mediante actividades ilícitas.
De acuerdo con el cronograma planteado, el recorte presupuestal de la JEP podría definirse en octubre. El acto legislativo tendría un trámite que podría extenderse hasta junio del próximo año, mientras que la ley de sometimiento, si avanza con mensaje de urgencia, podría quedar aprobada en diciembre.
