La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) advirtió sobre la iniciativa que propone el Gobierno con la Ley 029 de 2026, en la que busca cambiar la forma en que se juzga a los adolescentes entre 14 y 17 años que cometen delitos.
La entidad lanzó una alerta debido a que la propuesta elimina la idea central del sistema actual, que consiste en que los jóvenes comprendan el daño, reparen a las víctimas y se reintegren a la sociedad, para reemplazarlo por un modelo de encierro que, en algunos casos, puede ser más castigador con los menores que con los adultos.
De acuerdo con la organización, el proyecto incrementa la pena máxima de cárcel para jóvenes de 8 a 15 años y determina un castigo mínimo obligatorio de 5 años. Asimismo, la lista de delitos considerados graves se extiende de 4 a 20, incluyendo conductas menores como peleas que provoquen lesiones leves.
Por ello, un adolescente que cause una herida leve a otra persona debería pagar mínimo 5 años en prisión, mientras que por ese mismo hecho un adulto recibiría entre 1,3 y 3 años de cárcel.
“Hoy, en el Sistema de Infancia y Adolescencia, el juez decide cada caso según la gravedad del hecho, el juez puede ajustar la sanción después de un tiempo. Esa flexibilidad es clave para que el sistema cumpla su función educativa y motive a las y los adolescentes a cambiar”, explicó la Comisión de Juristas.
El impacto de la reforma sobre menores reclutados por grupos armados
La CCJ también alertó que esta norma afectará mayormente a las niñas, niños y adolescentes que han sido reclutados a la fuerza por grupos armados, debido a que el proyecto ignora su condición y posibilita juzgarlos directamente por delitos graves como terroristas, aunque la ley y los tratados internacionales los consideran víctimas de esos grupos criminales.
“Cuando un adolescente es utilizado para cometer un delito, la respuesta más eficaz no es prolongar su encierro, sino desmantelar las estructuras que lo reclutaron. Los delitos cometidos por un adolescente durante su vinculación a un grupo armado pueden imputarse a los comandantes que lo utilizaron”. Lea también: ICBF pide proteger a menores reclutados sin dejar de perseguir a grupos armados
Por este panorama, la CCJ solicitó al Congreso continuar con la facultad de los jueces para revisar el avance de los jóvenes, invertir en mejorar las instalaciones de reclusión y enfocar el esfuerzo d las autoridades en perseguir y encontrar a los adultos y cabecillas que instrumentalizan a los menores para cometer delitos.
