El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara la presentación ante el Congreso de la República de un proyecto de ley estatutaria denominado “Estatuto Antiterrorista”, iniciativa que será socializada este jueves 8 de octubre ante el Consejo de Política Criminal.
La información fue conocida por Caracol Radio, medio que tuvo acceso al borrador de la iniciativa, compuesto por 116 páginas y en el que se plantean nuevas herramientas para enfrentar a las organizaciones y actores considerados terroristas.
De acuerdo con el documento, el proyecto busca ampliar las capacidades del Estado para combatir este tipo de estructuras e incorporar herramientas militares para enfrentar sus actividades, entre ellas bombardeos y ataques aéreos. Lea: Gobierno anuncia que Fondo Milagro ya está listo para atender damnificados del terremoto
Por tratarse de una ley estatutaria, la propuesta deberá obtener mayoría absoluta en el Congreso, completar su trámite durante una sola legislatura y posteriormente someterse a revisión previa de la Corte Constitucional.
La iniciativa ingresaría al Legislativo a través de las comisiones primeras, donde comenzaría su discusión parlamentaria.
¿Qué propone el Estatuto Antiterrorista del Gobierno?
Uno de los principales componentes del proyecto es la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas. Según la exposición de motivos, este mecanismo tendría características similares a la denominada “lista Clinton” y a la designación de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) utilizada por el Gobierno de Estados Unidos.
El texto establece que el terrorismo podrá corresponder a una conducta individual, grupal o colectiva que produzca “miedo, pánico y zozobra, generando riesgos, amenazas o el uso de la violencia”.
La elaboración de los expedientes para incluir a una persona u organización en el registro estaría a cargo de una Instancia Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, adscrita al Ministerio del Interior.
La decisión definitiva, sin embargo, correspondería al Consejo de Seguridad Nacional mediante un acto administrativo y previa recomendación de esa instancia técnica. Esta estaría conformada por delegados de integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, además de representantes de los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores, la Fiscalía y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Lea también: De la Espriella anuncia revisión de recursos de la Agencia Nacional de Tierras: esto ordenó
El registro tendría carácter público y podría ser consultado por cualquier ciudadano. A su vez, entidades financieras, notarías y otras instituciones tendrían la obligación de verificar la información contenida en esa base.
Una vez realizada la inclusión, se produciría “el congelamiento de fondos, activos y recursos económicos y bancarios” pertenecientes a la organización o actor registrado. También se impediría su contratación con el Estado y el acceso a subsidios, programas, beneficios y recursos públicos.
La propuesta contempla igualmente un mecanismo para solicitar el retiro del registro en cualquier momento. El Consejo de Seguridad Nacional tendría un plazo de 90 días para responder y, si la decisión fuera negativa, el caso podría llegar al Consejo de Estado.
¿Qué penas y medidas incluye el Estatuto Antiterrorista?
El proyecto también plantea la creación de nuevos delitos y modificaciones en las sanciones para diferentes conductas cuando estén relacionadas con organizaciones o personas incluidas en el registro. Entre ellas aparecen actividades vinculadas con drones, minería ilegal, hidrocarburos, extracción y comercialización de oro, secuestro, contrabando y trata de personas.
La iniciativa también contempla conductas relacionadas con narcotráfico, extorsión, delitos informáticos, delitos electorales, asonadas y ataques contra infraestructura crítica. En varios de estos casos, cuando la conducta favorezca a una organización o persona registrada, la pena podría incrementarse en una tercera parte.
Otro de los componentes del proyecto es la creación del cargo de Alto Comisionado contra el Terrorismo, que estaría adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). El funcionario sería designado directamente por el Presidente de la República para un periodo de cinco años, sin posibilidad de reelección.
El texto contempla además facultades extraordinarias para el presidente Abelardo de la Espriella durante seis meses, con el propósito de reglamentar la oficina del Alto Comisionado contra el Terrorismo.
Para los cabecillas de organizaciones incluidas en el registro se propone un régimen penitenciario especial, con establecimientos o pabellones exclusivos, restricciones en las comunicaciones —salvo aquellas relacionadas con su defensa—, visitas limitadas a familiares en primer grado y bloqueo de señales de telecomunicaciones dentro de los pabellones.
A cambio, el proyecto establece posibles beneficios para integrantes de organizaciones registradas que contribuyan a su desarticulación. La colaboración efectiva y la entrega de información relevante antes de la acusación formal podrían permitir una reducción de hasta el 60 % de la pena.
La iniciativa también plantea fortalecer la cooperación internacional contra el terrorismo y ampliar el alcance de la legislación penal colombiana a determinadas conductas cometidas fuera del territorio nacional. De esta manera, el proyecto contempla que hechos relacionados con terrorismo, financiación del terrorismo o apoyo material a organizaciones terroristas en el extranjero puedan ser investigados y sancionados en Colombia.
Finalmente, la propuesta plantea que el Consejo de Estado conozca en primera instancia las tutelas presentadas contra el Presidente o autoridades del sector Defensa por acciones u omisiones vinculadas con operaciones de la Fuerza Pública destinadas a preservar la seguridad nacional. Este punto aparece en medio de recientes controversias entre el Gobierno y la justicia por decisiones relacionadas con bombardeos en los que murieron menores y con la aspersión aérea con glufosinato de amonio.
