A través de un extenso mensaje publicado en X, antes Twitter, el excandidato presidencial y congresista, Iván Cepeda Castro, lanzó duras críticas al borrador del “Estatuto Antiterrorista” impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
Cepeda calificó el proyecto como un instrumento jurídico que sustituye el Estado de derecho en Colombia.
“El borrador es un compendio de decisiones y preceptos que sustituyen el Estado de derecho en Colombia y entronizan un régimen abiertamente dictatorial”, sostuvo el reciente candidato a la Presidencia, que perdió por un margen mínimo.
¿ESTATUTO ANTITERRORISTA O RÉGIMEN DICTATORIAL? El borrador que anuncia el gobierno bajo el título de “Estatuto Antiterrorista” es un compendio de decisiones y preceptos que sustituyen el Estado de derecho en Colombia y entronizan un régimen abiertamente dictatorial. Este proyecto es en realidad un instrumento, cuyo carácter genérico podría dar lugar a toda clase de violaciones de derechos humanos. Llama la atención, que su modelo de referencia principal sean instrumentos jurídicos y legales, estadounidenses y no el derecho internacional público, el derecho de los derechos humanos, o el derecho internacional humanitario. En esta línea de definición genérica, la forma en que caracteriza al terrorismo es especialmente vaga. Terrorista es cualquier acción que produzca miedo, pánico, zozobra, riesgo, amenazas o utilización de violencia. Es decir, potencialmente cualquier clase de conducta ilícita o, incluso, acciones que hoy están inscritas dentro de la legalidad. Bajo esta definiciones, el actual gobierno entraría en esa categoría. Es evidente que ese carácter genérico e indefinido puede dar lugar a que, por ejemplo, bajo la concepción del actual gobierno, expresiones de la protesta social sean catalogadas como acciones terroristas. El hecho de que sea la autoridad ejecutiva la que mediante órdenes administrativas incluya a personas o grupos en la llamada “lista de organizaciones terroristas”, sin que exista decisión judicial que anteceda semejante decisión, también abre un amplio espectro para la arbitrariedad y las decisiones de carácter dictatorial. La inclusión en la lista de personas, y no solamente de organizaciones, abre la posibilidad a todo tipo de violaciones de derechos individuales y libertades públicas: afectaciones irreparables al buen nombre, sanciones económicas y graves daños patrimoniales sin tener antecedentes, condenas o sanciones de carácter penal. Es decir, se abre la puerta a un régimen dictatorial en el que las libertades son puestas en peligro y sometidas a la voluntad de un gobernante déspota. La figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo se convierte en la creación de un cargo con plenos poderes, que es definido bajo estado de excepción por Abelardo de la Espriella, y que excede el periodo de cualquier gobierno, puesto que está previsto para una duración de cinco años. Como si todo esto fuera poco, la norma faculta al gobierno para legalizar el espionaje, las escuchas ilegales y la inteligencia criminal. De ser aprobado este estatuto con el contenido que se presenta a la opinión pública como un borrador, la Constitución de 1991 habrá sido sepultada, y un régimen despótico y autoritario, quedará con las manos libres para atentar contra los derechos humanos de la ciudadanía en Colombia.
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 7, 2026
Iván Cepeda advierte que Estatuto Antiterrorista podría criminalizar protestas
En su pronunciamiento, Cepeda también advirtió que la vaga caracterización del delito permitiría criminalizar expresiones de la movilización ciudadana o conductas hoy legales: “Terrorista es cualquier acción que produzca miedo, pánico, zozobra, riesgo, amenazas o utilización de violencia. Es decir, potencialmente cualquier clase de conducta ilícita o, incluso, acciones que hoy están inscritas dentro de la legalidad”.
Entre los principales puntos de preocupación señalados por Cepeda está la facultad que tendría el Ejecutivo para incluir a personas y organizaciones en una lista negra mediante órdenes administrativas, sin que exista una decisión judicial previa.
El congresista también cuestionó la creación de la figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo, quien tendría un mandato de cinco años y facultades relacionadas con labores de inteligencia y escuchas.
Cepeda advirtió que, de aprobarse el texto en estos términos, las medidas tendrían graves consecuencias para el orden constitucional y los derechos humanos. “La Constitución de 1991 habrá sido sepultada, y un régimen despótico y autoritario quedará con las manos libres para atentar contra los derechos humanos”, afirmó.
Juan Fernando Cristo también cuestionó el borrador
A las críticas de Cepeda se sumó el político y exministro Juan Fernando Cristo, quien pidió esperar a que el Gobierno presente oficialmente el Estatuto Antiterrorista para hacer una valoración de fondo sobre el texto que será radicado en el Congreso.
“Hay que esperar que el gobierno presente el anunciado estatuto anti terrorista para opinar de fondo sobre el texto que se radique en el Congreso. El borrador conocido hasta ahora preocupa. Es una amenaza al respeto a los derechos humanos y se puede convertir en un instrumento para perseguir a la oposición política. Se deberá tramitar como Ley Estatutaria”, expresó Cristo en la misma red social.
