Dos meses después del terremoto del 10 de agosto, miles de estudiantes continúan enfrentando dificultades para acceder a espacios educativos adecuados. Aunque el Ministerio de Educación anunció la recuperación del servicio en las zonas afectadas, organizaciones civiles advierten que todavía existen problemas de infraestructura que comprometen las condiciones de aprendizaje.
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Redacción ColombiaLa coalición NiñezYA señaló que la reanudación de las actividades escolares no significa necesariamente que todos los niños, niñas y adolescentes hayan regresado a entornos seguros y dignos. Según la organización, las deficiencias en las instalaciones pueden afectar la asistencia, el aprendizaje y el bienestar de las comunidades educativas. Lea: Así avanza el regreso a clases tras el terremoto en Colombia
El 29 de septiembre, el Ministerio de Educación informó que había restablecido el servicio para los 1.275.967 estudiantes afectados por la emergencia. Para evaluar la situación, la entidad examinó 5.539 sedes educativas y consideró factores como el estado de la infraestructura, la matrícula, la conectividad, la ruralidad y las condiciones socioeconómicas.
“El proceso involucró la articulación de acciones en infraestructura, modelos pedagógicos flexibles, tecnología, acompañamiento a las comunidades y bienestar docente, en coordinación con entidades territoriales y aliados; toda está unión de esfuerzos nos permite dar esta buena noticia al país”, precisó la viceministra de Preescolar, Básica y Media, Gledy María Foliaco.
Sin embargo, los reportes recopilados por NiñezYA muestran que algunas instituciones han tenido que mantener sus actividades en condiciones provisionales mientras esperan soluciones para sus instalaciones.
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Uno de los casos identificados corresponde a la Institución Educativa Borrero Ayerbe, ubicada en Dagua, Valle del Cauca. Su rectora, Gladys Orcue, explicó que dos de las seis sedes del establecimiento colapsaron y que la comunidad educativa ha tenido que reorganizar las clases para continuar con las actividades académicas.
La directiva indicó que, pese a los esfuerzos por mantener la jornada completa, las condiciones climáticas dificultan el desarrollo de las clases en los espacios disponibles.
“Estamos tratando de atenderlos como podemos, con la jornada completa, pero a veces, cuando hace mucho sol, toca despacharlos más temprano porque el calor no se soporta”, explicó Orcue.
Una situación similar se presenta en la Institución Educativa Samurindó, en el municipio de Atrato, Chocó. Allí, cuatro de las nueve sedes resultaron destruidas y los estudiantes reciben clases en carpas donadas por Unicef.
Su rectora, Nelly del Carmen Perea, también destacó las afectaciones emocionales que ha dejado la emergencia entre los docentes, varios de los cuales sufrieron daños en sus viviendas.
“Desde el 7 de septiembre estamos dando clase. Además, hemos hecho unas atenciones de salud mental y psicosocial a los profesores porque también se han visto muy afectados. Una gran mayoría en sus viviendas”, añadió la rectora.
Más de 7.600 sedes educativas resultaron afectadas
Las dificultades que afrontan estas instituciones hacen parte de una emergencia de mayor alcance. De acuerdo con el Observatorio de la Fundación Empresarios por la Educación (FExE), dos meses después del terremoto se contabilizaron 7.653 sedes educativas afectadas en 22 departamentos y 527 municipios.
En esos establecimientos estudiaban 1.658.022 niñas, niños y adolescentes, mientras que 81.578 docentes y directivos docentes desarrollaban sus labores.
Frente a este panorama, la Fundación PLAN ha puesto en marcha Espacios Temporales para el Aprendizaje (ETA) en Pereira y Dosquebradas, en Risaralda. Además, contempla la instalación de otros once espacios en departamentos afectados, entre ellos Chocó y Valle del Cauca, con presencia prevista en Buenaventura, Jamundí y Cali.
Estas alternativas buscan mantener las oportunidades de aprendizaje durante la emergencia. No obstante, el objetivo final es que los estudiantes puedan regresar a las instituciones educativas formales cuando existan condiciones apropiadas para hacerlo.
Por su parte, la Fundación Empresarios por la Educación trabaja en la recopilación de información sobre el estado de las escuelas y los centros de desarrollo infantil, así como sobre las necesidades que deben atenderse para garantizar su funcionamiento.
“Necesitamos validar esta información con los rectores y las secretarías de Educación para entender en qué condiciones están regresando al aula y cómo podemos apoyarlos para que los estudiantes continúen su proceso de aprendizaje. La información la pondremos a disposición”, indicó Andrea Escobar, directora ejecutiva de la FExE.
Los datos se encuentran disponibles en el micrositio «Un millón de razones», una herramienta destinada a orientar las contribuciones de las organizaciones y evitar que los esfuerzos se dupliquen en los mismos lugares.
Según el reporte, 74 organizaciones del sector privado han registrado 161 acciones en nueve departamentos, de las cuales 32 ya se encuentran en marcha.
