El Congreso de la República está a la espera de que el Gobierno nacional radique el proyecto de ley con el que busca establecer un Estatuto Antiterrorista, una de las iniciativas legislativas de la administración de Abelardo de la Espriella. La propuesta pretende fortalecer las herramientas del Estado para combatir el terrorismo, el crimen organizado y la financiación de grupos ilegales.
Recientemente, el proyecto recibió el aval mayoritario del Consejo de Política Criminal, lo que abrió el camino para que pueda iniciar su trámite legislativo. Mientras algunos congresistas respaldan la iniciativa y consideran necesario endurecer las medidas contra las organizaciones criminales, sectores de la oposición advierten sobre la importancia de garantizar los derechos fundamentales y evitar que las nuevas disposiciones afecten libertades ciudadanas. Lea:Estatuto Antiterrorista: estos son los cambios que propone el Gobierno De la Espriella
Presidente del Senado pide agilizar el debate
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, respaldó la iniciativa y la calificó como una herramienta necesaria para enfrentar el crimen organizado y los ataques violentos.
“Es una herramienta necesaria, urgente e inaplazable para combatir el crimen organizado y los ataques violentos”, afirmó Henríquez.
El senador también señaló que el trámite podría avanzar con mayor rapidez si el Gobierno presenta el proyecto con mensaje de urgencia. No obstante, aseguró que durante la discusión en plenaria se garantizará la participación de las distintas bancadas.
¿Qué medidas contempla el Estatuto Antiterrorista?
Según lo explicado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, el articulado contempla la creación de nuevos delitos y sanciones, así como el endurecimiento de las consecuencias penales para determinadas conductas.
Entre los hechos que busca abordar la iniciativa están los ataques con drones y las agresiones contra integrantes de la Fuerza Pública.
Por su parte, el representante a la Cámara Juan David Zuluaga, del Centro Democrático por Antioquia, señaló que el proyecto debería incluir mecanismos para identificar y clasificar a organizaciones y personas presuntamente vinculadas con actividades terroristas.
El congresista también respaldó la adopción de medidas para congelar bienes relacionados con esas estructuras y limitar su contratación con entidades estatales.
A su juicio, estas herramientas son necesarias para frenar la expansión de los grupos ilegales en Colombia.
Congresistas respaldan medidas contra el terrorismo
El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, también se mostró favorable a la iniciativa y destacó la necesidad de fortalecer la coordinación institucional para combatir el terrorismo y sus fuentes de financiación.
“Era necesario crear mecanismos especializados para coordinar la lucha contra el terrorismo y sus fuentes de financiación, era algo que estaba en mora de realizarse”, manifestó.
Estas posiciones reflejan el respaldo de algunos sectores del Congreso a la creación de nuevas herramientas legales para enfrentar a las organizaciones criminales y sus estructuras financieras.
La oposición advierte sobre las garantías judiciales
Desde la oposición, el representante Camilo Torres, del Pacto Histórico por Santander, pidió prestar especial atención a las garantías judiciales y a la protección de los derechos fundamentales durante la discusión del proyecto.
El congresista señaló que deben protegerse el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y las libertades de expresión y de protesta pacífica.
Según Torres, el reto será determinar cómo se aplicarán las nuevas herramientas legales sin afectar derechos fundamentales ni criminalizar conductas legítimas.
Su posición pone sobre la mesa uno de los principales puntos del debate: cómo fortalecer la respuesta del Estado frente al terrorismo sin vulnerar las garantías constitucionales de los ciudadanos.
¿Qué sigue en el trámite legislativo?
Una vez el Gobierno radique formalmente el proyecto, la iniciativa deberá comenzar su discusión en la Comisión Primera del Congreso. Posteriormente, si supera esa etapa, pasará a las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.
Por ahora, el Legislativo permanece a la espera de la presentación oficial del articulado, que permitirá conocer en detalle el alcance de las medidas propuestas y abrir la discusión sobre su contenido.
