La Defensoría del Pueblo alertó sobre una escalada de violencia en el occidente del Huila, donde los ataques contra la Fuerza Pública con artefactos explosivos lanzados desde drones han generado temor entre las comunidades, daños en viviendas y riesgos para la población civil.
Según la entidad, los municipios de Aipe, Palermo y Teruel se encuentran entre los territorios afectados por estos hechos, que también han comprometido la seguridad de los habitantes y alterado el desarrollo de actividades cotidianas.
Uno de los episodios más recientes ocurrió el viernes 16 de octubre, cuando grupos armados ilegales realizaron un hostigamiento en el casco urbano de Íquira. De acuerdo con la información divulgada, estos ataques han dejado tres integrantes de la Fuerza Pública heridos.
La Defensoría advirtió que el uso de explosivos lanzados desde drones no solo representa una amenaza para los uniformados, sino que también expone a las comunidades a posibles afectaciones físicas y materiales, además de generar miedo e incertidumbre.
Daños en viviendas y traslado de una institución educativa
La entidad también reportó afectaciones en algunas viviendas de la zona y la reubicación de una institución educativa debido al riesgo al que estaban expuestos los estudiantes.
La situación preocupa a la Defensoría por las consecuencias que la confrontación armada puede tener sobre los derechos de la población civil, incluido el acceso a la educación en condiciones de seguridad.
En julio pasado, la institución había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 016 de 2026, en la que señaló posibles violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).
La alerta está relacionada con la expansión territorial del Frente Ismael Ruiz y su Compañía Móvil Julián González, estructuras adscritas al Bloque Central Isaías Pardo del grupo armado que se autodenomina Estado Mayor Central (EMC).
El documento incluyó a Aipe, Palermo, Neiva y Teruel entre los municipios del Huila expuestos a los riesgos derivados de la presencia y expansión de estas estructuras.
Defensoría pide medidas urgentes para proteger a las comunidades
Ante el panorama de violencia, la Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades locales coordinar con las personerías municipales la activación de las rutas de atención para las personas afectadas.
También pidió a las autoridades departamentales evaluar y adoptar de manera urgente las medidas de prevención necesarias para proteger a la población y reducir los riesgos derivados de los ataques.
El llamado se extendió a los grupos armados ilegales, a quienes la entidad instó a cesar las acciones que pongan en peligro a los civiles, cuya protección debe mantenerse al margen de la confrontación armada.
Finalmente, la Defensoría expresó su solidaridad con los integrantes de la Fuerza Pública heridos y anunció que continuará acompañando a las comunidades afectadas, en coordinación con otras entidades del Ministerio Público, para contribuir a la protección y garantía de sus derechos.
