Los gobernadores de Colombia expresaron su respaldo al anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de intensificar las medidas contra el contrabando y la evasión, dos fenómenos que, según la Federación Nacional de Departamentos (FND), afectan los ingresos públicos y limitan los recursos disponibles para programas sociales.
La organización señaló que el fortalecimiento de los controles y las investigaciones puede contribuir a enfrentar las redes ilegales que operan en los territorios y afectan las finanzas de las administraciones departamentales.
Entre las medidas destacadas por la FND están el refuerzo de las acciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el acuerdo con Estados Unidos para establecer una Unidad de Investigación Criminal Transnacional contra el crimen organizado, que también tendrá entre sus objetivos combatir el contrabando. Lea: Abelardo de la Espriella anuncia ofensiva contra el contrabando
En un comunicado, los mandatarios departamentales advirtieron sobre las consecuencias económicas y sociales de esta actividad ilegal.
“Estos anuncios resultan esperanzadores pues este fenómeno afecta directamente sus finanzas. Este flagelo no es solo un problema de recaudo o de salud pública; es una economía ilícita que financia directamente a grupos delincuenciales, alimentando delitos como el reclutamiento de menores, la trata de personas, el terrorismo, la corrupción y el lavado de activos”, señalaron los gobernadores en un comunicado.
Contrabando de cigarrillos dejó pérdidas millonarias en Colombia
La FND también puso sobre la mesa las cifras relacionadas con la comercialización ilegal de cigarrillos. Según el estudio Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia 2025, desarrollado en el marco del Programa Anticontrabando, el 38 % del consumo nacional de estos productos correspondió a mercancía de contrabando, el porcentaje más alto desde 2011.
El informe señala que, durante los últimos cinco años, el país dejó de recaudar más de $4,8 billones por este comercio ilegal. De ese impacto, se estima que $1,186 billones correspondieron a recursos que los departamentos dejaron de recibir.
La federación indicó que esos ingresos habrían podido destinarse a financiar iniciativas de salud y deporte en las regiones, sectores que dependen, entre otras fuentes, de las rentas departamentales.
Ante este panorama, los gobernadores reiteraron su disposición de coordinar acciones con el Gobierno nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la DIAN y las demás autoridades competentes.
El propósito, según la FND, es avanzar en el desmantelamiento de las estructuras que sostienen el contrabando y proteger los recursos públicos, la seguridad y el bienestar de las comunidades.
