La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior Armando Benedetti y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, por su presunta participación en un plan para vincular a varios dirigentes políticos con estructuras paramilitares durante la campaña presidencial de 2026.
La actuación busca esclarecer lo ocurrido en una reunión con antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), realizada en Valledupar en octubre de 2025, en el marco de los diálogos sociales impulsados por el Gobierno de Gustavo Petro. La decisión fue fechada el 20 de octubre de 2026 y tiene como ponente a la procuradora Patricia Carrillo Blanco.
Según el auto, los entonces funcionarios “habrían conocido y participado de un presunto plan para que, en medio de la campaña presidencial, exjefes paramilitares acusaran a Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, de tener relación con grupos paramilitares”.
Denuncia señala una supuesta instrucción desde la Presidencia
La investigación se originó a partir de una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente y representante legal de la Red de Veedurías de Colombia. En ella se hace referencia a declaraciones de Angie Rodríguez sobre una supuesta estrategia que habría surgido desde la Presidencia para relacionar a los tres dirigentes políticos con organizaciones paramilitares.
La exfuncionaria aseguró que la reunión de Valledupar, denominada “Mesa de Diálogo Social Paz Total”, habría tenido un propósito distinto al que inicialmente le comunicaron. En declaraciones a Revista Semana, afirmó:
“Gustavo Petro me dio la orden y era que teníamos que hacer el cierre de la negociación de Ralito con el pretexto de su política de paz total. Obviamente creí, en su momento, de manera ingenua que ese era el propósito. Después me enteré de que el enfoque era otro”.
Rodríguez también relató que, días antes del encuentro, el entonces presidente le habría expresado: “Bueno, lo que necesito es que ellos hablen de la participación que tuvo Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras”.
Salvatore Mancuso también se refirió a la reunión
Otro de los elementos considerados por el Ministerio Público son las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien respaldó los señalamientos sobre una presunta solicitud de funcionarios del Gobierno para que antiguos comandantes de las autodefensas se pronunciaran contra los políticos mencionados.
De acuerdo con Mancuso, durante la reunión de octubre de 2025, los delegados oficiales habrían planteado una petición diferente a los asuntos previstos inicialmente. “Los delegados del presidente, señora Angie Rodríguez y el asesor Víctor de Currea Lugo nos pidieron otra cosa, hablar públicamente contra esas tres personas”, afirmó.
El excomandante sostuvo que los participantes rechazaron la propuesta y que la situación generó inconformidad entre los asistentes. “La respuesta fue una sola. Nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro. No me crean a mí, miren los hechos. No hubo entrevista, no hubo declaración (…) Que si fue orden del presidente, a mí nunca me lo pidió”, sostuvo.
Procuraduría ordenó inspecciones y recepción de testimonios
Como parte de las diligencias, la Procuraduría solicitó a la Fiscalía la custodia de las declaraciones relacionadas con el caso y un informe detallado sobre la denuncia.
También ordenó una inspección al Dapre para establecer cómo se organizó la reunión con antiguos integrantes de las autodenominadas AUC y cuáles fueron los temas tratados. La entidad pidió recopilar “registro de asistentes, grabaciones, informes y demás información sobre su ocurrencia”.
Finalmente, el Ministerio Público dispuso recibir los testimonios de Jorge Arturo Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Hollman Morris, director de RTVC, y Otty Patiño, exalto comisionado para la Paz.
La investigación disciplinaria pretende esclarecer las circunstancias del encuentro y determinar si hubo actuaciones irregulares por parte de los exfuncionarios. La apertura del proceso no constituye una declaración de responsabilidad.
