La Secretaría de Educación de Cundinamarca confirmó el cierre definitivo del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en Cajicá, institución educativa relacionada con el caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años cuya desaparición y posterior hallazgo sin vida en el río Frío conmocionaron al país en 2025.
La decisión quedó en firme después de que las autoridades rechazaran el recurso presentado por el colegio para conservar su autorización de funcionamiento.
La determinación se produjo en segunda instancia, luego de evaluar la apelación interpuesta por las directivas de la institución. Con esta resolución, el establecimiento no podrá mantener vigente su licencia y deberá prepararse para finalizar sus actividades académicas al término del calendario escolar correspondiente.
¿Por qué ordenaron el cierre del colegio de Valeria Afanador?
De acuerdo con la Secretaría de Educación, la investigación administrativa permitió establecer incumplimientos relacionados con las obligaciones de protección y cuidado de los estudiantes. Entre las irregularidades identificadas figuran deficiencias en las medidas de prevención de riesgos, así como en los mecanismos de vigilancia y custodia de los menores.
La entidad también determinó que el colegio incumplió el deber de brindar protección especial a Valeria Afanador. Estos hallazgos sustentaron la cancelación de la licencia de funcionamiento, una medida que se hará efectiva una vez concluya el calendario académico del año en curso.
La decisión representa el cierre de la vía de apelación contemplada en este procedimiento administrativo, según la información suministrada. De esta manera, las directivas del Gimnasio Campestre Los Laureles ya no cuentan con recursos para continuar impugnando la determinación adoptada por la autoridad educativa.
¿Qué pasará con los estudiantes del Gimnasio Campestre Los Laureles?
Además de ratificar la cancelación de la licencia, la Secretaría ordenó a las rectorías de la institución presentar un plan detallado para garantizar la reubicación de los alumnos en otros establecimientos educativos. La medida busca organizar el traslado de los estudiantes antes de que se haga efectivo el cierre definitivo.
El documento deberá entregarse a más tardar el 31 de octubre y tendrá que contemplar las necesidades particulares de la comunidad estudiantil. La autoridad hizo especial énfasis en la atención que requieren los menores con discapacidad y aquellos que cuentan con necesidades educativas especiales, con el propósito de que su proceso de reubicación sea considerado dentro de la planificación.
La Secretaría de Educación de Cundinamarca reiteró que la decisión es resultado de una investigación administrativa en la que se verificaron fallas en las responsabilidades de prevención, vigilancia y protección de los estudiantes. Con la ejecución de la medida y la exigencia del plan de traslado, la institución deberá avanzar hacia el cierre de sus operaciones al finalizar el año escolar.
