Este jueves llegaron a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia los abogados Felipe Caballero, defensa de Deicy Jiménez, y Alejando Carranza, defensor del expresidente Gustavo Petro y de la exsenadora María José Pizarro, por la investigación de intercambio de favores sexuales por contratos y oportunidades laborales.
Caballero manifestó que su representada es “una víctima de una red criminal” por lo que su testimonio debe ser valorado como una prueba dentro de la investigación. Además, afirmó que cuentan con los elementos que respaldarían sus declaraciones. Lea también: Corte Suprema fija fecha para escuchar a Deicy Jiménez por caso ‘sexocontratos’ de Petro
“El testimonio de ella es una prueba, ella quiere contar su verdad. No se pueden calificar sus declaraciones solo como un montaje. No se le puede exigir a una mujer que tenga una prueba adicional a su testimonio”.
La defensa de Jiménez solicitó que la investigación avance con enfoque diferencial y de derechos humanos hacia las mujeres, y explicó que su representada tiene medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Asimismo, dio un adelanto sobre posibles nuevos testimonios de otras mujeres que podrían conocerse, así como la existencia de otras personas en el expediente. “No puedo decir los nombres, pero creo que hay otros aforados de distinta naturaleza mencionados. Depende del tipo de fuero, serán llamados por la autoridad que corresponda. Estoy completamente seguro que más mujeres se van a envalentonar. Es un escándalo más grande del que ya se conoce”.
Las versiones enfrentadas de las defensas en el caso
Por otro lado, la defensa del expresidente y la exsenadora negó el intercambio de contratos por favores sexuales. “Vamos a demostrar la inocencia del expresidente Petro. Vamos a demostrar la equivocación profunda, el montaje que se está orquestando”. Además, añadió que al finalizar la diligencia realizará “un anuncio muy importante para todo el país”.
Jiménez ha manifestado en sus declaraciones que su llegada a la Unidad de Trabajo Legislativo de Pizarro fue por recomendación de Petro, con quien mantenía una relación sentimental, y que recibió un contrato de 34 millones de pesos para apoyar las labores de la Primera Vicepresidencia del Senado, cargo que ocupaba Pizarro en ese entonces.
También ha sostenido que tuvo contratos durante cinco años con entidades estatales, como el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Jiménez también ha señalado la existencia de una presunta dinámica en la que diferentes mujeres recibían contratos u oportunidades laborales a cambio de encuentros sexuales con Petro.
