Este jueves, la coalición que acompaña al Ejecutivo logró sacar adelante la ley de competitividad, también conocida como ley antitrámites, una iniciativa que recibió además el apoyo de algunos sectores de la oposición.
El proyecto busca simplificar y digitalizar los procedimientos administrativos, reducir los tiempos de respuesta de las entidades públicas y disminuir los costos que deben asumir ciudadanos y empresas al realizar gestiones ante el Estado.
Durante el debate, congresistas de distintas bancadas destacaron los alcances de la iniciativa, aunque desde el Pacto Histórico señalaron reparos frente a algunos aspectos relacionados con las competencias de las entidades territoriales y la participación ciudadana.
¿Qué cambia con la ley antitrámites?
La iniciativa establece medidas de simplificación administrativa, racionalización, digitalización e interoperabilidad de los trámites y procedimientos públicos. Su propósito es eliminar cargas innecesarias o desproporcionadas, reducir los tiempos y costos de cumplimiento y facilitar la relación de ciudadanos y empresas con el Estado.
Uno de los puntos destacados durante la discusión fue la creación del silencio administrativo positivo. El coordinador ponente en la Cámara de Representantes, Mauricio Toro, del Partido Alianza Verde, explicó que este mecanismo permitiría dar por aprobado un trámite cuando la entidad correspondiente no responda dentro del plazo establecido.
“Se crea el silencio positivo administrativo, eso quiere decir que usted radica los papeles de autorización, y si en 30 días o 60 días dependiendo del trámite no le han respondido, usted tiene el trámite aprobado automáticamente”, señaló.
Toro afirmó que la medida busca evitar demoras injustificadas y prácticas irregulares en algunas administraciones locales. También destacó que la iniciativa podría agilizar los procedimientos relacionados con licencias y permisos para proyectos de vivienda de interés social.
Congresistas destacan los beneficios de la iniciativa
La senadora María Lucía Villalba, del Centro Democrático, respaldó el proyecto y sostuvo que permitirá avanzar hacia un Estado que facilite los procedimientos en lugar de imponer obstáculos a los ciudadanos.
“Este es un proyecto de ley que justamente contribuye a la construcción de un Estado que avance en eso: que deje de ponerle el palo en la rueda al ciudadano, que le ahorre tiempo, que deje de ponerlo a hacer vueltas, a obligar a pasar de entidad en entidad y que deje de ser un mensajero”, manifestó.
La congresista también resaltó que la iniciativa contempla medidas para agilizar las importaciones y exportaciones, facilitar el acceso al empleo de jóvenes desarrolladores de software y simplificar trámites cotidianos, como la expedición de registros civiles.
Por su parte, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, señaló que reducir los trámites innecesarios puede favorecer la inversión, el emprendimiento y la generación de empleo.
“Detrás de cada trámite innecesario hay tiempo perdido, oportunidades que se aplazan y recursos que podrían convertirse en inversión y empleo. Queremos un Estado que les facilite el camino a los empresarios, emprendedores y ciudadanos, especialmente a las mipymes, que son el corazón de nuestra economía”, afirmó.
Pacto Histórico respaldó la simplificación, pero planteó reparos
Desde la oposición, el representante José Felipe Hernández Polo, del Pacto Histórico, expresó su respaldo a las medidas orientadas a facilitar la creación de empresas y beneficiar a productores y trabajadores.
Sin embargo, advirtió que su bancada no acompañaría disposiciones que, bajo el argumento de simplificar trámites, pudieran desconocer las competencias de las entidades territoriales o los mecanismos de participación ciudadana.
“Apoyamos que se simplifiquen los trámites que facilitan la creación de empresa, que vayan en beneficio de los productores y del trabajo. Lo que no podemos apoyar a rajatabla es, por supuesto, la presentación de iniciativas que, disfrazadas en una simplificación de trámites, desconozcan las autonomías territoriales, competencias territoriales y de participación ciudadana”, afirmó.
La aprobación de la ley representa un nuevo avance legislativo para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que consiguió reunir los votos de su coalición y sumar apoyos de sectores de la oposición para impulsar una de sus iniciativas de simplificación administrativa.
