La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas alertó por “el deterioro de la situación de derechos humanos” tras la ola de violencia que atraviesa Cúcuta, Norte de Santander, luego de los atentados con explosivos y el asesinato del precandidato a la Alcaldía y exsecretario de Gobierno, Miguel Castellanos.
En su pronunciamiento presentaron varias recomendaciones ante las medidas para militarizar la ciudad, anunciadas por el presidente Abelardo de la Espriella, y denunciaron que distintas acciones han afectado la vida e integridad de la población civil e integrantes de la Fuerza Pública, entre ellos, homicidios selectivos, feminicidios, masacres, extorsiones, amenazas a líderes sociales, reclutamiento de menores, trata de personas y ataques indiscriminados. Lea también: Ejército despliega tropas en Cúcuta en medio de nuevas medidas de seguridad fronteriza
Por esta razón, hicieron un llamado a los grupos armados ilegales a cumplir su obligación “de respetar los derechos humanos y cumplir los principios del derecho internacional humanitario”.
Las recomendaciones de la ONU ante el despliegue militar
En cuando a las responsabilidades del Estado, la ONU también hizo un llamado a “tomar todas las medidas para contener y disuadir esta ola de violencia, y que incluyan el desmantelamiento sostenible de los grupos y organizaciones que la generan y a atacar las causas estructurales que la faciliten su presencia y actuación”.
Además, insistió en que la decisión del mandatario de desplegar tropas armadas “debe contemplar y definir con claridad los mecanismos, procedimientos, canales y protocolos que garanticen el cumplimiento del estándar, los cuales deben ser eficaces, oportunos y transparentes”.
En su mensaje, añadió que, si bien se debe priorizar el mantenimiento del orden público interno, también debe primar la seguridad de la población y ser protegida por los cuerpos policiales, manteniendo un límite y un control de la medida. “La intervención de fuerzas armados en tareas de seguridad pública debe ser extraordinaria, subordinada y complementaria a la autoridad civil, regulada y fiscalizada por entes de control”, indicó el organismo.
Asimismo, sostienen que las acciones deben regirse bajo el cumplimiento de la ley, así como “bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad”.
La ONU expresó su solidaridad a “las familias de las víctimas fatales y a todas las personas lesionadas y afectadas en sus bienes, en particular, por ataques con explosivos”.
