El Gobierno nacional decidió no prorrogar el contrato de fiducia mercantil entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Fiduprevisora, cuyo vencimiento está previsto para este 31 de octubre, después de 36 años de relación contractual.
El anuncio fue realizado por el Ministerio de Educación, en calidad de fideicomitente, durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Fondo. La decisión contó con el respaldo de los ministerios de Trabajo y Hacienda.
Sin embargo, el Ejecutivo no ha definido quién asumirá la administración del FOMAG a partir del 1 de noviembre ni cuál será el modelo que se implementará. Por ahora, informó que la transición tendrá una duración de un año, con posibilidad de prorrogarse por otro periodo igual.
¿Qué pasará con la atención en salud de los maestros?
El Ministerio de Educación aseguró que adoptará medidas para garantizar la continuidad de los servicios de salud de los docentes y sus familias durante el proceso de transición.
Entre las prioridades mencionadas por el Gobierno están mantener los tratamientos médicos en curso, asegurar el acceso a medicamentos y permitir que los trámites para el reconocimiento de prestaciones económicas continúen su curso.
La administración también anunció que revisará y corregirá las condiciones de operación del sistema.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, sostuvo que no es posible prolongar “las condiciones que han contribuido a esta crisis” y afirmó que el Gobierno asumirá la responsabilidad de conducir la transición, corregir “las fallas documentadas” y rendir cuentas sobre el proceso.
La funcionaria aclaró que la decisión no desconoce los derechos de los docentes ni debe ocasionar la interrupción de los servicios prestados por las instituciones de salud (IPS) o afectar el pago de las prestaciones.
Gobierno pide vigilancia durante la transición del FOMAG
La ministra del Trabajo, Natalia López, afirmó que “los maestros no pueden asumir las consecuencias de las fallas administrativas”. Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, señaló que los recursos destinados a la salud del magisterio deben manejarse “con transparencia, trazabilidad y control”.
Para hacer seguimiento al cambio de administración, el Ministerio de Educación solicitó a Fiduprevisora un plan detallado de actividades que permita mantener la operación durante la transición.
Además, pidió a la Superintendencia Nacional de Salud ejercer vigilancia especial para verificar que las IPS continúen prestando los servicios médicos a los maestros y sus familias.
Por ahora, uno de los principales asuntos pendientes es definir quién administrará los recursos y las prestaciones del magisterio desde el 1 de noviembre, así como las condiciones bajo las cuales se garantizará la continuidad del servicio.
