El futuro administrativo de Coosalud EPS tuvo un giro judicial luego de que el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenara suspender las decisiones que permitieron su intervención estatal y dispusiera la restitución inmediata de su administración a los representantes de sus propietarios.
La determinación revelada por la El Tiempo, será notificada en las próximas horas, representa un fuerte cuestionamiento a la gestión adelantada durante el gobierno de Gustavo Petro. El magistrado Luis Miguel Villalobos adoptó la medida cautelar en el marco de una acción popular, tras evaluar las condiciones actuales de la entidad, que tiene su sede principal en Cartagena y atiende a cerca de tres millones de afiliados.
La decisión se produce en medio de las controversias entre María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, y los representantes legales de los propietarios de la Cooperativa Coosalud, organización que controla la EPS. Según informó EL TIEMPO, los enfrentamientos públicos han estado acompañados de acusaciones relacionadas con presuntos faltantes de dinero, operaciones crediticias sin justificación y gastos cuestionados.
El proceso de intervención administrativa comenzó a generar nuevos cuestionamientos después de que, en abril de 2024, se hubiera dispuesto la devolución de la entidad. Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Salud mantuvo la toma de control y posteriormente adoptó nuevas medidas para prolongarla.
El 22 de noviembre de 2024, la Supersalud ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Coosalud EPS S.A., junto con su intervención forzosa administrativa. Un año después, mediante una resolución expedida el 21 de noviembre de 2025, la medida fue extendida por otros 12 meses.
¿Por qué el Tribunal ordenó devolver Coosalud EPS a sus propietarios?
Aunque el vencimiento de esa intervención estaba previsto para noviembre de 2026, el Tribunal decidió anticiparse a una nueva determinación administrativa. De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, la corporación consideró que los hechos conocidos durante los últimos meses exigían adoptar medidas para proteger los intereses de los afiliados.
La determinación judicial tuvo origen en una petición presentada por la Cooperativa Coosalud, cuya representación jurídica está a cargo del abogado penalista Julián Quintana. La organización solicitó modificar la medida cautelar vigente y suspender los actos administrativos mediante los cuales la Supersalud ordenó y prorrogó la intervención.
Entre los argumentos expuestos por la defensa figuraron varios informes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Estos documentos, según la solicitud, muestran que las dificultades financieras, administrativas y relacionadas con la atención en salud no fueron superadas durante el periodo de intervención.
La cooperativa también señaló un incremento de las peticiones, quejas y reclamos, así como de las acciones de tutela y los desacatos. A esto se sumaron las dificultades reportadas para entregar medicamentos y los cambios frecuentes de las personas designadas como agentes interventores.
Otro de los argumentos estuvo relacionado con la proximidad del vencimiento de la medida. La defensa sostuvo que esperar hasta noviembre de 2026 para resolver el futuro de la EPS podía afectar la eficacia de la sentencia definitiva dentro de la acción popular, por lo que solicitó recuperar la administración de la entidad.
Tanto la Superintendencia Nacional de Salud como el agente interventor manifestaron su oposición a la petición. No obstante, el magistrado Villalobos consideró que los elementos aportados justificaban modificar la medida cautelar y ordenar la suspensión de las resoluciones que mantenían bajo intervención a la EPS.
¿Qué cuestionó el fallo sobre la intervención de Coosalud EPS?
En uno de los apartes centrales de la providencia, el despacho judicial señaló que la intervención no consiguió los resultados que justificaron su implementación. El Tiempo conoció que el magistrado dejó constancia de que, pese a los objetivos iniciales de la toma de posesión, el plan de acción no evidenció avances satisfactorios.
“Evidencia el despacho que, si bien el propósito de la toma de posesión para administrar Coosalud estuvo orientado a corregir situaciones económicas y administrativas -principalmente, las condiciones objetivas que amenazaban su estabilidad, continuidad y permanencia- con el fin de situar a la intervenida en condiciones de desarrollar su objeto social, el plan de acción no ha mostrado resultados satisfactorios”, señala el documento citado por el medio.
La providencia también advierte que no se consiguió mejorar la gestión administrativa ni demostrar el cumplimiento de las acciones que dieron origen a la intervención. Según el análisis judicial, tampoco se encontraron resultados que permitieran justificar la permanencia de la medida.
Los organismos de control y vigilancia presentaron observaciones que respaldaron los cuestionamientos. La Procuraduría consideró que los objetivos de la intervención no se habían alcanzado y alertó sobre el deterioro de indicadores de prestación de servicios, estabilidad financiera y cumplimiento de decisiones judiciales. También llamó la atención sobre la rotación de los interventores y la necesidad de examinar posibles responsabilidades.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó que continuaban las barreras para acceder a los servicios de salud, mientras que la Contraloría identificó indicadores críticos y metas que no se habían cumplido.
Con estos elementos, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión provisional de las resoluciones que dispusieron la intervención y su posterior prórroga. Además, estableció que las condiciones administrativas debían regresar al estado anterior a la expedición de esos actos, mientras se adopta una decisión definitiva dentro de la acción popular.
En el segundo punto de la providencia, el magistrado identificó a Jaime González Montaño y Natalia Largo González como los funcionarios legitimados para recibir la administración y dirección de Coosalud EPS S.A., con lo que se establece quiénes deberán asumir la representación de la entidad tras la decisión judicial.
