El Gobierno nacional abrió canales de diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar alternativas frente a la crisis fiscal que atraviesa Colombia. Como parte de este acercamiento, una misión del organismo llegará a Bogotá la próxima semana para continuar evaluando posibles instrumentos que permitan mejorar las condiciones de financiamiento del país.
La situación económica que encontrará la delegación fue descrita por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, quien advirtió que el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública representan riesgos para la sostenibilidad de las finanzas colombianas.
Colombia busca respaldo del FMI ante crisis fiscal
Chalk señaló que el déficit primario equivale al 3,5 % del producto interno bruto (PIB), un nivel que calificó como elevado. También indicó que la deuda pública ya representa el 60 % del PIB y continúa aumentando.
“Esta situación no es sostenible ni viable. Creemos que el país debe realizar un esfuerzo concertado para reducir su deuda”, afirmó el funcionario.
Sin embargo, el acercamiento al FMI no es un hecho inédito en la historia económica de Colombia. El país ha recurrido a diferentes mecanismos de financiación y respaldo del organismo en momentos de dificultades económicas, aunque cada uno ha tenido características y condiciones particulares.
La relación de Colombia con el FMI: acuerdos y antecedentes
Colombia es miembro del Fondo Monetario Internacional desde 1945 y ha suscrito cerca de 28 acuerdos con el organismo. De acuerdo con Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence, uno de los antecedentes más importantes ocurrió en 1999, cuando el país acordó un programa respaldado por el Servicio Ampliado del Fondo.
Mejía explicó que ese programa tuvo un valor aproximado de 2.700 millones de dólares e incluyó compromisos de ajuste fiscal y reformas estructurales. Su propósito era contribuir a recuperar la confianza y respaldar el proceso de estabilización económica.
Otro momento relevante llegó con la crisis provocada por la pandemia de covid-19, cuando Colombia utilizó por primera vez la Línea de Crédito Flexible del FMI.
“Posteriormente, Colombia suscribió acuerdos precautorios en 2003 y 2005, y desde 2009 tuvo acceso a la Línea de Crédito Flexible, reservada para países con fundamentos y políticas económicas muy sólidas. Esta línea fue utilizada por primera vez durante la pandemia, cuando Colombia desembolsó aproximadamente 5.400 millones de dólares en diciembre de 2020”, señaló Mejía.
El economista agregó que la relación con el organismo ha tenido dos dimensiones: el acceso a financiación externa en circunstancias excepcionales y el respaldo institucional a políticas económicas dirigidas a preservar la estabilidad macroeconómica.
No obstante, acudir al FMI también puede implicar compromisos sobre el manejo de las finanzas públicas. Las medidas de ajuste pueden tener efectos sobre el gasto estatal, el empleo, los ingresos y la prestación de servicios, dependiendo de las condiciones que se establezcan en cada programa.
¿Qué implicaría un nuevo acuerdo con el FMI para Colombia?
Aunque el Gobierno ya ha anunciado medidas relacionadas con la reducción del gasto y la revisión de beneficios tributarios y tarifas especiales de IVA, todavía no está claro si un eventual programa con el FMI exigiría ajustes adicionales.
Para Mejía, el objetivo central del acercamiento debería ser estructurar un programa de ajuste fiscal creíble que permita atender las necesidades de financiación y recuperar la confianza de los mercados.
El exdirector de Fedesarrollo explicó que los recursos del organismo podrían aliviar las necesidades financieras del país y reducir parcialmente el costo del servicio de la deuda pública. A su vez, un programa de ajuste contribuiría a disminuir el déficit y estabilizar el endeudamiento.
“Un programa de esta naturaleza puede contribuir a recuperar la confianza de los inversionistas, reducir la prima de riesgo país y facilitar una disminución de las tasas de interés de toda la economía. Esto último es clave porque el elevado déficit fiscal está encareciendo el crédito y desplazando la inversión privada”, afirmó.
Sin embargo, el economista advirtió que la financiación internacional no sustituye las decisiones que debe tomar el Gobierno en materia de política económica. En su concepto, el país necesita reducir de manera sostenida un déficit fiscal cercano al 7 % del PIB, avanzar hacia el equilibrio o superávit primario y estabilizar la deuda pública.
“El acercamiento al FMI tiene sentido en las circunstancias fiscales actuales, pero es importante entender que el Fondo no reemplaza las decisiones de política económica que debe adoptar el Gobierno”, señaló Mejía.
Banco Mundial y BID, otras alternativas de financiación
Además de las conversaciones con el FMI, Colombia puede explorar otras fuentes de financiación multilateral, entre ellas el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como mantener su acceso a los mercados internacionales de capitales.
Para Mejía, la principal ventaja de un eventual acuerdo con el Fondo sería la posibilidad de combinar recursos financieros con compromisos fiscales verificables que contribuyan a recuperar la credibilidad de la política económica.
“Pero la principal ventaja de un eventual acuerdo con el FMI es que puede combinar financiamiento con un marco de compromisos fiscales verificables, que contribuya a recuperar la credibilidad de la política económica”, concluyó.
De esta manera, el resultado de las conversaciones dependerá tanto de los instrumentos de financiación que pueda ofrecer el organismo como de las decisiones fiscales que adopte el Gobierno colombiano.
