El Ministerio de Defensa puso en conocimiento de las autoridades judiciales 41 denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de recursos durante el Gobierno de Gustavo Petro. Según informó la cartera, los hechos reportados representarían una posible afectación al patrimonio público superior a los $155.000 millones.
El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, quien explicó que, hasta el momento, se han identificado 82 reportes sobre posibles irregularidades. De ese total, la mitad ya fue trasladada formalmente a las autoridades competentes para su investigación.
“Actualmente se tienen 82 reportes, de los cuales 41 han dado lugar a denuncias formales ante las autoridades competentes por hechos que podrían representar una afectación patrimonial preliminar superior a 155.000 millones de pesos”, afirmó Mora López.
¿Qué irregularidades investiga el Ministerio de Defensa?
De acuerdo con el ministro, los reportes recibidos involucran situaciones que podrían estar relacionadas con diferentes conductas delictivas. Entre ellas mencionó el interés indebido en la celebración de contratos, la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, el cohecho, la concusión y posibles falsedades en documentos públicos.
Uno de los asuntos señalados corresponde al contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17, aeronaves utilizadas por las Fuerzas Militares para el desarrollo de sus operaciones.
Sobre este caso, Mora López indicó que, presuntamente, el proceso contractual habría favorecido a una empresa que no reunía las condiciones exigidas para ejecutar los trabajos de mantenimiento. La investigación está en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer si existieron irregularidades y determinar las posibles responsabilidades.
Ministerio de Defensa entregará información a las autoridades
Frente a los casos reportados, el jefe de la cartera de Defensa precisó que las denuncias no representan, por sí solas, una declaración de responsabilidad contra las personas involucradas.
En ese sentido, señaló que serán las autoridades judiciales las encargadas de evaluar las pruebas y establecer si hubo conductas contrarias a la ley. Asimismo, aseguró que el Ministerio continuará colaborando con los organismos investigadores mediante la entrega de la información que sea requerida.
“Corresponderá a las autoridades competentes determinar las eventuales responsabilidades penales individuales, conforme a las pruebas y con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia”, sostuvo.
La cartera también anunció que adoptará las medidas administrativas que correspondan dentro de sus competencias, mientras avanzan las investigaciones sobre los recursos públicos comprometidos en los reportes.
