La Ley de Sometimiento del presidente Abelardo De La Espriella enfrenta una jornada decisiva este martes, 3 de noviembre. A partir de las 9:00 a. m., las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado de la República retomarán el debate conjunto de esta iniciativa, que busca establecer nuevas condiciones para que las estructuras del crimen organizado abandonen las armas y se sometan a la justicia.
El proyecto llega a esta instancia después de superar su primer obstáculo en la Cámara. Durante la noche del lunes festivo, y tras cerca de ocho horas de discusión, los representantes aprobaron la ponencia positiva y rechazaron la propuesta que buscaba archivar la iniciativa.
El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, destacó los avances alcanzados durante la sesión y explicó que también se inició la votación de los artículos del proyecto.
“Se escucharon las diferentes bancadas, se negó la ponencia de archivo, se aprobó por amplias mayorías la ponencia y avanzamos en la votación de dos artículos”, reportó.
El congresista confirmó que la discusión continuará este martes hasta completar el trámite en esa corporación. “Este martes, desde las 9:00 a. m., retomaremos la Plenaria hasta culminar con la aprobación. El país necesita decisiones y seguimos dando el debate asumiendo la responsabilidad de legislar, que es lo que nos corresponde”, manifestó.
Ley de Sometimiento tiene plazo hasta el 4 de noviembre
El calendario legislativo es uno de los principales desafíos para esta iniciativa. El Congreso debe aprobarla antes del miércoles 4 de noviembre, fecha en la que vence la actual Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, que establece el marco jurídico para los procesos de paz y sometimiento.
Por esta razón, los sectores que respaldan el proyecto buscan acelerar las discusiones para que ambas plenarias completen la votación durante este martes y puedan adelantar la conciliación del texto al día siguiente.
La iniciativa fue radicada por el exministro del Interior, Rodrigo Lara, y el ministro de Justicia, Iván Cancino. Su trámite también representa un escenario para medir el respaldo legislativo con el que cuenta el Gobierno de De La Espriella durante sus primeros meses de administración.
El documento está compuesto por 22 artículos distribuidos en 17 páginas y plantea las condiciones para aplicar un tratamiento penal diferenciado a los integrantes de organizaciones armadas ilegales que decidan someterse a la Constitución y la ley.
¿Qué condiciones establece la Ley de Sometimiento?
Entre los requisitos contemplados está que los integrantes de estas estructuras manifiesten su voluntad de ingresar al proceso de manera libre, expresa e informada, mediante una comunicación escrita dirigida al Gobierno nacional y presentada a través del interlocutor designado por la organización.
También deberán abandonar las armas bajo los mecanismos de verificación establecidos y entregar, sin dilaciones, a los menores de edad reclutados, las personas secuestradas y quienes se encuentren desaparecidos bajo su control.
La propuesta incluye otras obligaciones, como suspender las actividades ilícitas y las acciones que afecten a la población civil. Asimismo, exige compromisos relacionados con el desmantelamiento de las estructuras criminales y la entrega de información sobre sus posibles vínculos políticos y redes de corrupción.
Al respecto, el documento señala que las organizaciones deberán “comprometerse con el desmantelamiento, la entrega de información sobre los nexos políticos de la organización, líneas de corrupción que atenten contra la administración pública y la recta y eficaz impartición de justicia y con su tránsito efectivo hacia la legalidad”.
Otro de los puntos centrales es el tratamiento de las penas para quienes participen en el proceso. El articulado contempla una rebaja punitiva del 50 % de la pena acumulada, condicionada a los aportes a la verdad, la reparación de las víctimas y las contribuciones verificables al desmantelamiento de las organizaciones.
Sin embargo, para quienes hayan desempeñado funciones de liderazgo dentro de estas estructuras, la reducción prevista será del 30 %.
La discusión de este martes será determinante para establecer si el Congreso logra aprobar el articulado dentro del plazo establecido y avanzar con la conciliación antes del vencimiento de la Ley 418.
