Tres meses después del terremoto que afectó al país el pasado 10 de agosto, la Defensoría del Pueblo advirtió que persisten las dificultades en la atención de las comunidades damnificadas.
Entre los principales problemas están las barreras para acceder a subsidios de arrendamiento, servicios de salud, educación y ayudas humanitarias, así como la falta de recursos para avanzar en la reconstrucción.
De acuerdo con la entidad, el proceso de recuperación tiene un déficit de financiación cercano a los $50 billones. Aunque el costo total de la reconstrucción se estima en $58,29 billones, hasta ahora solo se han identificado inicialmente $8,21 billones.
“El costo estimado del proceso asciende a $58,29 billones, pero solamente $8,21 billones corresponden a recursos inicialmente identificados, mientras que $50,08 billones permanecen como brecha por financiar”, señaló la Defensoría.
Más de 776.000 personas resultaron afectadas por el terremoto
Las cifras del Registro Único de Damnificados (RUD), con corte al 3 de noviembre, dan cuenta de 363.791 familias afectadas, equivalentes a 776.119 personas.
En cuanto a los daños en infraestructura, el balance registra:
- 104.049 viviendas inhabitables.
- 19.149 viviendas destruidas.
- 119.748 viviendas con daños.
El terremoto también dejó un saldo de 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas.
La Defensoría identificó, además, obstáculos para que las personas puedan inscribirse en el registro de damnificados e inconsistencias en la clasificación de habitabilidad de las viviendas. Estas dificultades afectan la consolidación de cifras confiables sobre la magnitud de los daños.
Subsidios de arrendamiento no cubrirían el tiempo de reconstrucción
Otro de los problemas advertidos por la entidad está relacionado con las ayudas para las familias que perdieron sus viviendas o no pueden regresar a ellas.
El subsidio de arrendamiento previsto es de $1.050.000 mensuales durante tres meses. Sin embargo, la Defensoría considera que ese periodo sería insuficiente, teniendo en cuenta que la reconstrucción podría tardar entre 12 y 18 meses.
A esto se suma la falta de viviendas disponibles para alojar a las personas afectadas. Según la entidad, esta situación ha llevado a algunas familias a regresar a lugares que no reúnen las condiciones adecuadas de seguridad.
Persisten dificultades en salud y educación
La atención en salud también continúa afectada por las consecuencias del terremoto. En el sector educativo, aunque el Ministerio de Educación anunció que se había recuperado el servicio para todos los estudiantes damnificados, la Defensoría encontró que no todos han regresado a clases presenciales ni cuentan con instalaciones seguras.
Uno de los casos señalados corresponde al Valle del Cauca. Hasta el 15 de octubre, 69.106 de los 121.175 estudiantes afectados en ese departamento continuaban en modalidades no presenciales.
Defensoría pide asegurar los recursos para la reconstrucción
Ante este panorama, la entidad planteó la necesidad de superar la etapa de atención inmediata y avanzar hacia soluciones sostenibles para las comunidades afectadas.
También insistió en que se debe garantizar la financiación del plan de reconstrucción, con recursos claramente definidos y cronogramas verificables que permitan hacer seguimiento a las obras y a las medidas de recuperación.
