En el marco de los 10 años del acuerdo de paz firmado con las Farc, la Defensoría del Pueblo concluyó en su más reciente informe que el acuerdo no ha traído la paz esperada ni las garantías para aquellos que dejaron las armas.
En el informe titulado “Las Víctimas en el centro, un compromiso constitucional: diez años del Acuerdo de Paz” la entidad sostiene que el acuerdo no se ha implementado por completo. Lea también: A 10 años del plebiscito por la paz, así marcha el acuerdo con las Farc
La defensora Iris Marín señaló en una entrevista con Colprensa que la violencia no ha cesado debido a la falta de condiciones que permitan frenar la persistencia del conflicto armado en el país, tanto con las antiguas Farc, como en otros procesos.
No quiero sacar el Acuerdo de la discusión, pero sí encuadrarlo en un marco más general. La pregunta de por qué se rearmaron los que están en las disidencias es igualmente válida para el rearme de quienes se desmovilizaron entre 2005 y 2007 en los grupos paramilitares.
Iris Marín, defensora del Pueblo
La persistencia de la violencia amenaza los avances del Acuerdo de Paz
Es por causa de esa violencia que el acuerdo no ha podido alcanzar sus objetivos. “Los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, firmantes de paz y comunidades, así como el desplazamiento y el confinamiento y otros crímenes serios contra la población, afectan la participación, debilitan los procesos organizativos y amenazan la sostenibilidad de los avances”, indicó el informe.
Desde el 2016 han sido asesinados 521 firmantes y los homicidios aumentaron para 2025, mientras que entre enero de 2016 y junio de 2026 se han registrado 1.743 homicidios de defensores de derechos humanos. Estas cifras registradas por la entidad alertan y generan preocupación.
Entre 2017 y 2025 el número de personas afectadas por el desplazamiento masivo pasó de 12.841 a 107.924 y las afectadas por confinamiento, de 18.603 a 128.825, principalmente en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Chocó y Cauca.
Los rezagos en la implementación de los compromisos del acuerdo
La Defensoría se refirió a la ejecución y detalló que 21.617, equivalentes al 65%, de las 33.007 iniciativas de los PDET tienen ruta de implementación activa. Sin embargo, solo entre el 5% y el 10% de estas iniciativas han finalizado en los municipios que analizó de nueve subregiones.
Por otro lado, de los 1.367 sujetos de reparación colectiva reconocidos, 63 (4,6%) han finalizado su plan, mientras que solo el 31, equivalentes al 2,9%, de los 1.068 planes de retorno y reubicación han completado sus acciones. Además, el país registra un cumplimiento del 47,85% en formalización de tierras, que equivale a 3.349.711 hectáreas frente a la meta de 7 millones.
La Defensoría también registró avances en su informe, con la disminución de la pobreza rural en municipios PDET, que pasó de 47,2% en 2018 a 26,1% en 2025, sin embargo, estos resultados no pueden atribuirse únicamente al acuerdo, según aclaró la entidad.
Sobre la reincorporación, se registran 10.943 personas que siguen vinculadas al proceso, lo que representa el 76% de las acreditadas.
