La Sección Quinta del Consejo de Estado negó una acción de tutela presentada contra el presidente Abelardo de la Espriella y los ministros del Interior y de las Culturas, las Artes y los Saberes, en la que se cuestionaban presuntas actuaciones contrarias a la neutralidad religiosa que debe mantener el Estado colombiano.
El recurso judicial señalaba diferentes comportamientos de integrantes del Gobierno, entre ellos participaciones en ceremonias, pronunciamientos públicos, mensajes difundidos en redes sociales y decisiones relacionadas con el uso de recursos públicos. Según los argumentos de la demanda, estos hechos podían representar un respaldo institucional a determinadas creencias religiosas.
Sin embargo, al estudiar los elementos presentados, la corporación determinó que no existían pruebas suficientes para establecer que las autoridades hubieran concedido privilegios a una confesión o intentado convertir alguna creencia en religión oficial. Por esa razón, descartó que las actuaciones examinadas representaran una vulneración de los principios constitucionales invocados. Lea: Abelardo de la Espriella nombró a Luis Felipe Henao gerente del Fondo Milagro
¿Por qué el Consejo de Estado negó la tutela contra Abelardo de la Espriella?
Uno de los episodios centrales de la controversia fue la asistencia del presidente a la denominada Gran Velatón por Colombia, donde participó en un acto de coronación de la imagen de la Virgen de Fátima. La actividad se desarrolló en medio de las manifestaciones de solidaridad por la tragedia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto de 2026.
Para los magistrados, la presencia del mandatario y el gesto realizado durante la ceremonia no constituían, por sí solos, una transgresión de la laicidad estatal. La decisión tuvo en cuenta que la jornada perseguía propósitos ajenos al proselitismo religioso, relacionados con el acompañamiento a las personas afectadas y la unión de la sociedad frente a la emergencia.
El análisis también incluyó el dinero destinado por el Ministerio de las Culturas a la realización de la velatón. Los recursos fueron utilizados para cubrir componentes técnicos y artísticos de la actividad, además de su documentación audiovisual. El Consejo de Estado consideró que estas erogaciones estaban relacionadas con compromisos contractuales y con la divulgación de un acontecimiento de interés público.
En consecuencia, la Sección Quinta estableció que la contratación para desarrollar y registrar el evento no podía interpretarse como un mecanismo de financiación de la Iglesia católica. El criterio del tribunal se fundamentó en la finalidad de los gastos y no exclusivamente en la presencia de símbolos o expresiones religiosas durante la actividad. Lea también: De la Espriella reveló que la Dian incautó 100 drones en Cartagena: así fue el operativo
¿Qué dijo el Consejo de Estado sobre las expresiones religiosas del presidente?
Otro de los asuntos estudiados fue el empleo de la frase “viva Cristo Rey” por parte de Abelardo de la Espriella, tanto durante su posesión como en otras intervenciones públicas. Frente a este punto, los magistrados recordaron que el jefe de Estado también es titular de derechos fundamentales como la libertad de conciencia, de culto y de expresión.
La providencia examinó, además, la visita presidencial a un templo y la utilización de una kipá. Sobre este episodio, encontró que la actuación tenía una motivación asociada al fortalecimiento de los vínculos diplomáticos y bilaterales con Israel, por lo que no podía considerarse automáticamente una manifestación de preferencia estatal por una religión.
En esa misma línea, el Consejo de Estado aclaró que las relaciones del Gobierno con el Estado de Israel no significaban un respaldo institucional a la religión judía. Para la corporación, era necesario distinguir las actuaciones propias de la política exterior de aquellas que buscan promover o conceder ventajas a una determinada confesión religiosa.
La publicación del ministro del Interior en la red social X también hizo parte de la revisión judicial. El alto tribunal concluyó que el mensaje respondía a una expresión de acompañamiento institucional durante una fecha de duelo y a la reafirmación del compromiso del Estado con la libertad de cultos, sin que su contenido tuviera como propósito establecer el judaísmo como religión oficial.
Finalmente, la Sección Quinta concluyó que los acontecimientos incluidos en la demanda no acreditaban un desconocimiento de la separación entre el Estado y las confesiones religiosas. Con esa valoración, negó la tutela presentada contra el presidente Abelardo de la Espriella y los dos ministros señalados en el proceso.
