La fecha estaba anunciada desde hacía meses. Este jueves 22 de abril, en el marco del Día de la Tierra, entró en vigor el Acuerdo de Escazú, el pacto con el que 12 países de la región buscan combatir los efectos del cambio climático.
Sin embargo, en Colombia la fecha se mira con reparo, pues no hace parte del grupo de naciones que ratificaron el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. El acuerdo, que es más conocido con el nombre de la ciudad costarricense, lo ratificaron Argentina, México, Guyana, Uruguay, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Ecuador y Santa Lucía.
La ausencia de Colombia en la ratificación del Acuerdo, a pesar de que ya hay un proyecto de ley en el Congreso para tal fin, que empezó su discusión en noviembre del año pasado, también genera discusión por la situación de seguridad y la ausencia de garantías de las que los líderes ambientales en el país y en el continente se quejan constantemente.
Al menos así lo expuso Global Witness, organización internacional que estudia la relación entre la explotación de recursos naturales, el conflicto y la corrupción. En su último informe sobre la situación de seguridad de los líderes ambientales (de julio de 2020) en todo el mundo indicó que América Latina es la región en la que más peligro y que, en el continente, Colombia se encuentra en la punta.
En 2019, de acuerdo con la organización, 212 líderes fueron asesinados cuando buscaban proteger “sus hogares, su tierra, sus bosques y ríos de la explotación industrial a gran escale. Dos tercios de los asesinatos tuvieron lugar en países latinoamericanos”. Y de esa cifra, 64 homicidios ocurrieron en Colombia.
Ese panorama planteó la duda de si el Acuerdo de Escazú será suficiente para que los defensores ambientales latinoamericanos se encuentren a salvo. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, aseguró, en diálogo con el medio alemán DW, que “el tratado recoge obligaciones (de los Estados) en tres ámbitos diferenciados: una dimensión sistémica, prevención para evitar que las violaciones ocurran y reacción o respuesta si no se han podido evitar, tal como la investigación y la sanción”.
En ese sentido, Bárcena resaltó que el de Escazú es “un tratado que se ha construido de forma colaborativa entre nuestros Estados y sus sociedades, de manera abierta, transparente y participativa, y que considera las singularidades y desafíos de nuestra región”.
Y añadió, en entrevista con el mismo medio, que los siguientes pasos estarán enfocados en los “términos institucionales y financieros”. Para esto, a partir de 2022, se realizará la Conferencia de las Partes, el principal órgano del Acuerdo, en el que “trabajaremos para asegurar que todos quienes defienden el ambiente puedan ejercer su labor sin temor de represalias”.
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