La Corte Suprema de Justicia ha anulado la decisión de liberar a Santiago Márquez Chárriz y Adriana Esperanza Bermeo Sua, quienes habían sido designados portavoces de paz por la Presidencia de la República. La liberación de ambos activistas, acusados de múltiples delitos incluyendo concierto para delinquir y violencia contra servidor público, había sido concedida el 20 de diciembre de 2022 por una jueza coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, pero ahora se encuentra suspendida tras una acción de tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría argumentó que hubo irregularidades en el proceso, señalando una violación al Sistema Penal Acusatorio debido a que la jueza actuó sin cumplir con los requisitos de oralidad y doble instancia, principios esenciales para garantizar la transparencia y el derecho a la defensa.
Asimismo, destacó que la decisión de liberación se tomó sin realizar una audiencia pública ni permitir a las partes involucradas notificarse y presentar recursos legales, configurando un defecto procedimental significativo. Lea aquí: Corte Suprema de Justicia tampoco escogió hoy a la fiscal general
La situación se complica aún más en el marco del anuncio realizado el miércoles 22 de noviembre de 2023, cuando se presentó en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca conceder amnistía e indulto a miembros de la Primera Línea por delitos relacionados con las protestas sociales ocurridas entre 2019 y 2021.
Esta propuesta legislativa, liderada por el representante Eduard Sarmiento del Pacto Histórico, apunta a otorgar el derecho al debido proceso y la posibilidad de liberación a más de 300 personas procesadas y 70 detenidas.
La decisión de la Corte Suprema enfatiza la importancia de adherirse a las normativas y procedimientos legales, incluso en contextos políticos y sociales complejos. Le puede interesar: Procuraduría abre investigación a director de la Ungrd por caso carrotanques
La próxima audiencia pública determinará el futuro inmediato de Márquez y Bermeo y podría sentar precedentes sobre cómo se manejan los casos relacionados con el activismo social y los delitos asociados a protestas en Colombia, en un momento en que el país se encuentra en una encrucijada entre la reconciliación y la justicia legal.