Colombia


COVID-19: farmacéuticas no responderían por efectos adversos de vacuna

La exención que el Gobierno nacional pretende darle a los laboratorios no ha caído bien en distintas esferas; la califican como una muestra de inequidad en la negociación.

COLPRENSA

26 de noviembre de 2020 09:21 AM

Con una advertencia del ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y con una aplanadora en la Cámara, Colombia quedó a un paso de exonerar a las farmacéuticas para que no respondan en caso de reacciones adversas a la vacuna anti COVID-19.

De esta, el ministro dijo que se tienen garantizadas 20 millones de dosis para ser aplicadas en 10 millones de personas, según los cálculos, en el primer semestre de 2021 a través del mecanismo Covax.

Sobre el artículo que exonera a los laboratorios, el ministro aseguró que “es muy importante, porque se da la posibilidad de tener acceso a la vacuna. Si no llega a existir, lo más seguro es que no vamos a tener acceso”. Y la Cámara así lo aprobó, con una votación de 100 votos a favor y 22 en contra. Entretanto, ahora en Senado avanza la discusión, que está a solo un debate de que sea una realidad, pues tiene mensaje de urgencia del Gobierno.

Cuestionamientos

Juanita Goebertus, representante a la Cámara por la Alianza Verde, planteó que el principal riesgo con esta decisión es que “estas compañías tendrán todos los incentivos a tomar menos medidas de diligencia y cuidado porque estarán exentas”. Lea aquí: Error de AstraZeneca opaca resultados de vacuna para COVID

No obstante, en caso de que haya reacciones adversas, según el proyecto, queda abierta la posibilidad de que el Estado asuma los costos de los tratamientos médicos.

Goebertus destaca que el proyecto aprobado en Cámara incluye “la facultad del Gobierno de adquirir una póliza para cubrir las condenas contra el Estado” que, palabras más palabras menos, quiere decir que las familias, en caso de asumir los costos de un tratamiento, podrán iniciar un proceso judicial para reclamar reparación del Estado.

Debate científico

El ministro sostuvo que esta exención es clave, ya que como la situación de emergencia mundial redujo de ocho o 10 años el estudio de una vacuna a menos de un año, las farmacéuticas “están requiriendo esa exoneración de responsabilidad”.

No obstante, aseguró que las vacunas deberán tener la aprobación de las agencias regulatorias tanto nacional (Invima) como internacionales.

Johnattan García Ruiz, maestro en salud pública y salud global de la Universidad de Harvard, considera que esta decisión es una muestra de la inequidad en la negociación entre países y farmacéuticas. “Es una compra y no puede ser posible que los laboratorios digan que no asumirán ninguna responsabilidad frente a eventuales efectos adversos, me parece que es una relación inequitativa”.

Claudia Vaca, docente de Farmacia de la Universidad Nacional, aseguró que este proyecto preocupa en dos sentidos. “Uno, la construcción de confianza en la ciudadanía sobre los procesos de aprobación” y, dos, “las suspicacias sobre cuál es la prioridad del Gobierno, proteger a las farmacéuticas o la garantía de una inmunización para la población”.

En ese sentido, Tatiana Andia, investigadora de la Universidad de los Andes y exconsultora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre propiedad intelectual y salud pública, relata que la preocupación está en que esa exención “sea transversal y aplique a cualquier acuerdo que tenga que ver con COVID”.

Por ello, destacó Andia, “eso se puede incluir en los acuerdos con cada compañía, pero debería ser una vez se conozcan las características de cada vacuna en cuanto a efectividad y eficacia”.

¿Qué hacer?

García Ruiz cita el caso de Brasil, donde el Ministerio de Salud decidió que no se haría ningún tipo de excepción para que llegue la vacuna, pues reitera que no es una dosis que sea gratis, sino que se trata de un negocio que puede llegar a costar billones y, por ende, las responsabilidades no deberían quedar a la deriva.

Andia, por su parte, asegura que la solución está en crear un plan de corresponsabilidad entre el Estado y la farmacéutica, de tal manera que se realice seguimiento a “los ciudadanos que reciban la vacuna, de manera que se pueda conocer cualquier reacción negativa y se tomen las medidas pertinentes”.

Goebertus hizo un llamado para que, en este momento, se elimine ese artículo y que “el Senado y el Gobierno” escuchen los cuestionamientos de especialistas en esta materia, para que el ciudadano no quede expuesto.

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