Esta semana volverá a las primeras planas de los medios el antiguo litigio que desde 2001 viene enfrentado a Colombia y Nicaragua por su mar territorial. Lea aquí: Llegó el momento al presidente Duque para enfrentar el diferendo con Nicaragua
La última vez que el caso ocupó grandes titulares de prensa fue cuando en 2012 la Corte Internacional de Justicia de La Haya mantuvo la soberanía de Colombia sobre las islas y cayos del Archipiélago de San Andrés y Providencia pero extendió el dominio de Nicaragua sobre una parte del mar, que hasta ese momento Colombia había estimado como suya. Lea también: Pro y contra del fallo de La Haya en San Andrés
El caso provocó una nueva demanda, presentada por Nicaragua el 26 de noviembre del 2013, que es la que llega esta semana a etapa de audiencias ante el tribunal internacional.
En esta demanda, Nicaragua acusa a Colombia de haber violado sus derechos soberanos con las operaciones ejecutadas por la Armada Nacional en el mar Caribe y con la expedición de un decreto que estableció una Zona Continua Integral en el Archipiélago.
En 2016, la Corte de La Haya rechazó las primeras pretensiones nicaragüenses, dándole la razón a Colombia al afirmar que el país ejercía un control tranquilo y estable sobre esta zona del mar Caribe.
Nicaragua, sin embargo, ha seguido insistiendo en que Colombia violó el derecho internacional con los diferentes controles que se ejecutaron en esta zona, alegando diversos incidentes y presentando evidencias con las que pretende demostrar la culpabilidad de Colombia.
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Colombia, a su vez, contrademandó a Nicaragua por haber desconocido los derechos tradicionales de pesca de los habitantes de las islas que viven de este oficio y en especial de la comunidad Raizal que necesitan pasar por estas aguas para llegar a los bancos de peces.
La defensa de Colombia también acusa a Nicaragua de apropiándose de áreas marítimas que pertenecen a Colombia en publicaciones que ha hecho sobre sus áreas marítimas.
Todo esto es lo que se discutirá esta semana en La Haya, pero, como lo aclaran los representantes de Colombia ante el tribunal internacional, nada de esto puede llegar a afectar la soberanía de Colombia sobre el archipiélago ni sobre sus áreas marítimas, pues nada de eso está en discusión.
El caso concluyó recientemente su etapa escrita, y por eso fueron citados ambos Estados a la etapa oral, para que presenten en las audiencias públicas sus argumentos, antes de que el tribunal se pronuncie de fondo en un tiempo aún no definido, que podría ser de meses o incluso años.
Debido a la coyuntura que el mundo actualmente vive por la pandemia del Covid-19, las audiencias se llevarán a cabo de manera presencial y virtual, según las normas de la Corte estas audiencias son públicas y deberán transmitirse por las páginas oficiales de la institución.
¿Qué esperar del proceso ante La Haya?
Aunque el proceso al que se enfrenta Colombia en esta ocasión es por las supuestas violaciones a los derechos soberanos de Nicaragua, hay otro en curso que puede tener mayores implicaciones, que es la delimitación de la plataforma continental entre los dos países más allá de las 200 millas náuticas. Ese aún no ha llegado a la etapa oral y no se sabe a ciencia cierta aún cuándo va a llegar.
La analista internacional Laura Gil no es optimista frente a estos dos procesos, pues considera que los argumentos de Nicaragua son fuertes.
“La discusión va a estar interesante porque se van a hablar de temas que no están del todo claros, ahí puede sentar jurisprudencia. Estos casos tienen un entorno político que pueden afectar el entorno de la Corte”, explicó Gil.
La analista explicó que aunque los fallos no sean políticos, sí pesa la forma como los estados se pronuncian sobre ellos. En 2012, cuando se produjo el anterior fallo, Colombia se retiró del Pacto de Bogotá, lo que de alguna manera significaba poner en entredicho la competencia de la Corte.
Aunque los fallos de la Corte no son obligatorios, sí tienen un efecto político a nivel internacional.
Luis Felipe Vega, analista internacional.
Para el internacionalista Luis Felipe Vega, Colombia tiene que demostrar que no ha desconocido el fallo de La Haya. Para él, esta será la única salida, mostrarse respetuoso ante la decisión de la Corte pero discutiendo que no está de acuerdo con diversos factores que afectan la soberanía colombiana.
“Nicaragua quiere entrar en el discurso de que Colombia está incumpliendo el fallo porque ese país está tras San Andrés, este es el escenario que de alguna manera para poder tratar la otra demanda existente, Nicaragua lo que hará es demostrar que Colombia no acató el último fallo de La Haya”, explicó Vega.
El internacionalista destacó que la intención de Nicaragua es desacreditar el Estado colombiano y para ello solicitarán una revisión del último fallo porque su intención es ampliar su plataforma continental y tener acceso a más territorio que es de Colombia.
Para documentar las violaciones de Nicaragua a los derechos de los habitantes del archipiélago, que puede ser un argumento muy fuerte a favor del país, los abogados de Colombia, apoyados por la Armada Nacional de Colombia, han tenido contacto con miembros de la comunidad raizal del Archipiélago.
Laura Gil, analista internacional.
“Representantes del “Raizal Team” han estado en varias reuniones con los agentes y el equipo colombiano, y uno de ellos ha viajado periódicamente a reunirse con los abogados internacionales en las sesiones formales de trabajo para la elaboración de la contramemoria y la dúplica”, destacó la Cancillería sobre el tema.
Para la analista Gil, en este caso, la fuerza puede estar en los testimonios que presentará Colombia para constatar que sí se han vulnerado por el lado de los derechos tradicionales de la pesca, aunque esto tampoco exonerará a Colombia de las posibles violaciones a la soberanía nicaragüense que haya cometido.
“Lo que está en juego es el prestigio del país a nivel internacional, la credibilidad de Colombia, seríamos el primer país en ser señalado por haber desacatado un fallo. Cualquiera que sea el resultado, este es el momento de hacer un llamado a los sectores políticos de Colombia para que acuerden respetar la jurisprudencia internacional. Nosotros tenemos compromisos normativos de obligatorio cumplimiento”, explicó la analista internacional.
Respecto a la situación en general, Vega afirmó que Colombia ha tenido políticas exteriores débiles, aunque le favorece que el estado no está obligado a aceptar el fallo de La Haya y puede alargar el pleito y anteponer recursos que le eviten verse afectada, esto permitiendo que la defensa de Colombia se prepare aún más y se anticipe a las medidas o peticiones que podría estar solicitando Nicaragua y sus aliados.
“Nicaragua tiene aliados, Rusia tiene intereses geopolíticos interesantes en Centroamérica, está la nueva comprensión geopolítica de lo que será el territorio del Caribe y ahí Colombia tiene que equiparse a tener una defensa técnica muy elaborada, no ir a la defensiva, más bien ir un poco más a la ofensiva”.
Los abogados que representan a Colombia ante la Corte son Michael Reisman, Rodman Bundy, Michael Wood, Eduardo Valencia Ospina, Jean-Marc Thouvenin y Laurence Boisson de Chazournes.
Carlos Gustavo Arrieta, exmagistrado y exprocurador, es el agente de Colombia en el proceso, y Manuel José Cepeda, expresidente de la Corte Constitucional, es coagente.
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