La consulta previa es una conquista histórica de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas, consagrada en el Convenio 169 de la OIT, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 21 de 1991, y respaldada por la Constitución Política de 1991. Su propósito es garantizar la participación efectiva de estas comunidades en las decisiones, proyectos y actividades susceptibles de afectarlas directamente, salvaguardando su identidad cultural, sus derechos colectivos y su integridad territorial.
Se trata, pues, de un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado por el Estado; pero, como ocurre con todos los derechos, su ejercicio debe estar presidido por la buena fe, la transparencia y la responsabilidad. Una cosa es el uso legítimo de la consulta previa y otra muy distinta su abuso, que termina por desvirtuar su naturaleza y deslegitimar una institución concebida para proteger a las comunidades, no para convertirla en instrumento de presión o de negociación de intereses particulares.
Es importante precisar que la consulta previa no procede por la simple invocación de la condición étnica ni por la mera proximidad geográfica, sino por la existencia de una afectación directa, que debe ser determinada con rigor técnico y jurídico por parte del Ministerio del Interior, que es la autoridad competente por ministerio de la Ley.
Nadie puede desconocer los legítimos derechos de las comunidades que eventualmente puedan resultar afectadas; pero tampoco puede admitirse que, al amparo de esos derechos, se abra paso a pretensiones infundadas o a la proliferación artificial de reclamaciones. Los oportunistas y los impostores que pretendan instrumentalizar la consulta previa, arrogándose representaciones que no les corresponden o persiguiendo beneficios particulares, no solo perjudican al país atrasando la ejecución de proyectos estratégicos de beneficio general, les hacen un flaco servicio a las propias comunidades cuyos derechos dicen defender. Ello, desde luego, debe establecerse con pruebas y no mediante señalamientos indiscriminados contra quienes ejercen legítimamente sus derechos.
Colombia necesita reglas claras. Y eso es lo que han demandado del Congreso de la República las altas cortes, que por más de una década y de manera reiterada le han solicitado que se ocupe de ello expidiendo la Ley que reglamente tanto la consulta previa como las consultas populares. La ausencia de una Ley estatutaria que desarrolle integralmente el derecho fundamental a la consulta previa ha contribuido a la incertidumbre jurídica, dando pábulo al mal llamado activismo judicial, a la dispersión de criterios y a la creciente judicialización de los proyectos estratégicos. Es hora de que el Congreso de la República asuma esta tarea pendiente, atendiendo los mandatos constitucionales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los compromisos internacionales del Estado colombiano.
La consulta previa no equivale, por regla general, a un derecho de veto, pero tampoco puede reducirse a un simple trámite para legitimar decisiones previamente adoptadas. Su finalidad es propiciar un diálogo intercultural genuino, de buena fe, orientado a alcanzar acuerdos y prevenir afectaciones a los derechos de las comunidades.
En momentos en que Colombia enfrenta serios desafíos para garantizar su seguridad energética y recuperar su autosuficiencia en el abastecimiento de gas natural, proyectos de la trascendencia de Sirius no pueden quedar atrapados indefinidamente en un laberinto de incertidumbre administrativa y judicial; pero su importancia estratégica tampoco exime al Estado y a las empresas de cumplir sus obligaciones constitucionales.
*Miembro de Número de la ACCE.