Los primeros cien días de un mandato presidencial no permiten arriesgarse a un pronóstico sobre el éxito o el fracaso de un gobierno; pero sí revelan con nitidez su talante, sus prioridades y la naturaleza de las tensiones que marcarán el cuatrienio.
Al cumplirse hoy el primer tramo de la administración De la Espriella-Restrepo, el país asiste a un viraje abrupto en múltiples frentes, caracterizado por una alta eficacia en la comunicación política, decisiones de choque en seguridad y relaciones exteriores, e inquietantes señales de fricción con contrapesos institucionales.
Es de justicia reconocer que el Ejecutivo superó con diligencia una prueba de fuego imprevisible. El terremoto que sacudió al país al inicio del mandato obligó a recomponer la agenda y puso a prueba la capacidad de respuesta del Estado. La presencia oportuna del presidente y su gabinete en las zonas afectadas, sumada a una articulación eficaz con el sector privado para financiar la atención inmediata, proyectó un liderazgo ejecutivo que la ciudadanía valoró positivamente. Imaginable el desastre si hubiese ocurrido bajo el anterior gobierno.
No obstante, superada la emergencia inicial, la fase de reconstrucción exigirá transparencia, eficiencia técnica y una eficaz gestión sostenida en el tiempo. La situación demanda aguda atención a la manera como se están organizando y ejecutando las estructuras jurídicas y financieras que están obligadas a ofrecer soluciones rápidas a las familias y empresarios que quedaron sin inmuebles donde vivir o desarrollar sus negocios, y en cómo reactivar la golpeada economía en las regiones afectadas, so riesgo de pérdida de confianza.
De otra parte, la mencionada decisión de proyectar autoridad ha sido el eje de su política de seguridad. Frente al deterioro del orden público heredado, el Gobierno optó por cerrar las mesas de diálogo con los grupos armados, reactivar los bombardeos, impulsar el regreso de la aspersión aérea y combinar la ofensiva militar con un proyecto de sometimiento a la justicia. Esta postura, respaldada por encuestas que situaron su aprobación inicial por encima del 50%, responde al legítimo clamor ciudadano contra la criminalidad, que tiene el inconveniente de radicalizar los mensajes de guerra interna, como que en la mente del presidente vibra la convicción de que está enfrentado a los carteles más peligrosas del planeta; y no se equivoca.
Sin embargo, el despliegue mediático, con operativos transmitidos bajo una estética de “comandante en jefe” inusual, debe sustentarse en una estrategia de fondo. El control territorial contra las mafias admite golpes de opinión y exhibiciones de fuerza; pero, más, recuperar las capacidades de inteligencia, desmantelar las economías ilícitas y, sobre todo, llevar presencia social e institucional permanente a las regiones históricamente abandonadas.