El proyecto de acto legislativo que busca exigir estudios mínimos de educación superior, en los niveles técnico, profesional, tecnológico o universitario, para aspirar a la Presidencia, al Congreso, las gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, pone sobre la mesa un debate oportuno sobre la ética en la responsabilidad pública.
Gobernar, legislar y administrar el erario no son oficios menores que sólo puedan depender de la fuerza de la intuición o del carisma electoral. En un Estado moderno, donde las decisiones presupuestales, normativas y de planeación impactan directamente la vida y el bienestar de millones de ciudadanos, la preparación académica y el rigor técnico constituyen un deber elemental frente al electorado.
Durante decenios, una interpretación comprensible del derecho a ser elegido, en épocas en que la alta capacitación estaba lejos de la mayoría de los hogares, permitió que las corporaciones públicas y las jefaturas ejecutivas se convirtieran en escampaderos políticos o premios de consolación para líderes e integrantes de las maquinarias clientelistas.
Resulta paradójico que mientras a cualquier ciudadano se le exigen títulos, experiencia comprobada y competencias rigurosas para ocupar un cargo operativo en el sector privado o en la carrera administrativa, para dirigir los destinos de un municipio, un departamento o la Nación baste con el aval partidista o el músculo electoral, o encarnar la hipérbole de una etnia o colectivo, aun cuando en estos haya más personas altamente calificadas para cualquier cargo público.
Es cierto que la Constitución de 1991 eliminó barreras académicas con el loable propósito de garantizar una democracia plural e incluyente, permitiendo que líderes sociales, campesinos o indígenas llegaran a las corporaciones sin intermediarios; sin embargo, 35 años después la realidad educativa del país ha evolucionado y la complejidad de la administración estatal demanda un piso mínimo de cualificación.
La iniciativa referida acierta al no imponer un filtro elitista restringido a diplomas universitarios exclusivos, sino al abrir el espectro hacia la formación técnica y tecnológica, hoy mucho más accesible a través de instituciones públicas como el Sena y las universidades regionales.
La experiencia territorial y la sensibilidad social son insustituibles en el liderazgo democrático; pero nunca deben servir de excusa para despreciar el conocimiento. El arte de gobernar exige conjugar la legitimidad del voto con la capacidad técnica para ejecutarlo con solvencia y transparencia. Elevar los estándares de quienes aspiran a representarnos no restringe la democracia; por el contrario, la dignifica y protege a los ciudadanos de la mediocridad administrativa. El servicio público merece excelencia, compromiso ético y preparación comprobada.