De acuerdo con la Constitución, el presidente de la República tiene un plazo máximo de 90 días al año para mantener al país en estado de emergencia.
Es decir, en una situación extraordinaria como la que vive Colombia por el coronavirus, el mandatario puede decretar la emergencia económica, social o ecológica, por períodos que no pueden durar más de 30 días y que sumados, no superen los 90 días en el año.
En este caso, la primera emergencia la declaró el presidente el pasado 17 de marzo y la segunda, el pasado 6 de mayo. Aún quedan unos 20 días de la actual y eventualmente habría oportunidad de decretar una tercera emergencia por otros 30 días.
Pero, si bien la emergencia le da al presidente poderes muy amplios para dictar normas que ayuden a enfrentar la situación, son tantas las preocupaciones y de tantos sectores, que parecerían quedarse cortos.
En la primera emergencia, el presidente dictó 72 decretos con fuerza de ley, que incluyeron medidas como la creación de un fondo especial para contar con recursos para enfrentar la pandemia, la entrega de un subsidio para evitar que durante la cuarentena se quedaran sin nada las personas más vulnerables e inversiones extraordinarias en la infraestructura de salud del país.
En la segunda, aprobó el subsidio a la nómina para evitar despidos masivos en empresas, en especial pequeñas y medianas y modificó el calendario tributario para que las mismas no tengan que quedarse sin caja por pagar impuestos. Además, estableció líneas de crédito para instituciones educativas, alivios para los usuarios del Icetex y un fondo para apoyar a las instituciones educativas.
Pero las peticiones de todos los sectores afectados por el coronavirus desbordan todas esas medidas. En los próximos 20 días, el presidente deberá determinar qué otras medidas de alivio adopta al amparo de esta emergencia.
Entre las muchas peticiones que se le hacen al Gobierno está la de los comerciantes que no han podido abrir sus locales, que esperan una especie de moratoria en el pago de sus arriendos; los pequeños empresarios que confían en que se aplace para el segundo semestre de este año el pago de las primas que se deben cancelar a mediados de junio, y algunos congresistas que piden que se apruebe un ingreso mínimo para los colombianos más pobres, para evitar que el hambre los obligue a salir a la calle.
“En la segunda declaratoria de emergencia económica se debió buscar un mecanismo que permitiera fiscalmente asignar una renta básica a un número muy importante de colombianos, casi el 50% de quienes hacen parte del mercado global del empleo para poder apoyarlos en una situación que es extraordinaria y demanda un intervención más fuerte del Ejecutivo”, dice Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado de Colombia y analista político.
El experto en políticas públicas, Jorge Iván Cuervo, coincide en que la emergencia económica debe aprovecharse para hacer más por los más vulnerables.
“Cuando uno compara América Latina, por poner de ejemplo a Perú y Chile, estos países están creando créditos, subsidios a la nómina, subsidios a las poblaciones vulnerables, el primero por el 6% del PIB y el segundo por el 5%, mientras que Colombia apenas está en el 2%. Economistas ortodoxos han dicho que son medidas insuficientes y el monto de Ingreso Solidario se demoró mucho en llegar, pero además no le alcanza a una familia”, dice.
El problema, dice el abogado constitucionalista Andrés Fandiño, es que cada una de las decisiones que toma el presidente Duque entra al debate político en medio de un ambiente polarizado que, a pesar de la emergencia, no se ha superado. Aunque asegura que las medidas que ha tomado el presidente son las correctas, reconoce que estos choques, incluso con autoridades locales, a veces dificultan la toma de decisiones.
En efecto, la posibilidad de aplazar el pago de la prima para el segundo semestre enfrentaría una gran oposición, como también entregar una renta básica a los colombianos más pobres, aunque en este caso, la oposición vendría de otros sectores.
Como lo reconoce Libreros, lo que hace esta situación tan compleja es que no hubo cómo prepararse para esta crisis y las carencias en sectores como el de salud y educativo han quedado al descubierto con ella.
En todo caso, lo cierto es que el tiempo para el Gobierno es oro, porque una vez terminen los 30 días de duración que tiene la emergencia, ya no tendrá todas las herramientas que tiene durante ella, para tomar medidas.
Aunque la emergencia económica le da al presidente poderes muy amplios para tomar decisiones, luego tiene que responder por ellas tanto a nivel jurídico como político.
En lo jurídico, la Corte Constitucional ya tiene en sus manos los 72 decretos de la primera emergencia y a ella deberán llegar en las próximas semanas los que se han dictado durante la segunda; será un largo periodo de debates y análisis jurídicos los que tendrán a su cargo los magistrados.
Y en lo político, la Constitución dice que el Congreso tendrá un plazo hasta de treinta días prorrogables para estudiar el informe que le presente el Gobierno sobre las medidas tomadas en la emergencia.
Aunque las discusiones en el Legislativo se han enredado por la indecisión sobre hacer sesiones virtuales o presenciales, en los próximos días este órgano deberá abordar el debate de este tema.
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