La sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación puso en evidencia que este es un tema que divide muy profundamente opiniones en el país.
A raíz de la decisión, algunos sectores han propuesto la convocatoria de un referendo para echar atrás la decisión de la Corte Constitucional.
Incluso, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, fueron denunciados los cinco magistrados que votaron a favor de la despenalización hasta la semana 24. La denuncia fue interpuesta por Colombia Justas Libres, en contra de los magistrados Alberto Rojas Ríos, Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y el conjuez Julio Andrés Ossa.
Según la denuncia, los togados presuntamente cometieron los delitos de prevaricato por acción y abuso de autoridad, “por acto arbitrario e injusto al proferir sentencia contraria a la Constitución Política de Colombia y por exceso de sus funciones al expedir la sentencia que despenalizó el aborto”.
Reciba noticias de El Universal desde Google News La demanda argumenta que ya había cosa juzgada constitucional y que se afectó la inviolabilidad del derecho a la vida, además que la sentencia configuró un acto arbitrario e injusto.
Este miércoles, el expresidente Álvaro Uribe también propuso la creación de un referendo para que el aborto nuevamente se rija por las tres causales que ya contempló la Corte en el año 2006.
“Los referendos no se proponen por capricho; ya se suman varios temas: sentencia de aborto, necesidad de reducir el Congreso”, aseguró el expresidente en su cuenta de Twitter.
Uribe también le manifestó su apoyo a la senadora del Centro Democrático Milla Romero quien se sumó a la intención del presidente del Senado Juan Diego Gómez de promover un referendo en el Congreso de la República para cambiar la sentencia de la Corte.
El precandidato presidencial del partido Conservador David Barguil aseguró que si llega a ser el próximo presidente de Colombia, el siete de agosto le hará una reforma a la Constitución Política que permita que la decisión de la Corte no se pueda ejecutar.
“Yo creo en la vida desde la concepción, yo soy provida, defiendo la vida, no podemos permitir en nuestro país que se utilice el aborto como un método anticonceptivo, esos no son nuestros valores, no es lo que garantiza a la sociedad colombiana. El siete de agosto vamos a liderar una reforma a la Constitución que impida y prohíba que pueda la decisión de la Corte cumplirse”, expresó Barguil en un video publicado en sus redes sociales.
El sonado referendo antiaborto y la reforma constitucional, no obstante, según expertos consultados por Colprensa, podría tener grandes dificultades para llevarse a cabo precisamente por ser este un año electoral.
Primero, por temas logísticos, pues una vez inscrito el comité promotor del referendo, este contará con seis meses para recolectar las firmas de apoyo, equivalentes al 5 % del censo electoral, es decir cerca de 1,9 millones de rúbricas, si se tiene en cuenta que el censo actual en Colombia es de 38,8 millones de personas.
Una vez recolectadas las firmas, el organismo electoral tendría 45 días para aprobarlas. Una vez aprobadas, se podría convocar a elecciones de referendo, pero antes, el texto que se va a votar sería sometido a examen de constitucionalidad de la Corte Constitucional.
En caso de que se reúnan las firmas válidas y la Registraduría así las avale, esta convocatoria a referendo deberá ser aprobada por el Congreso de la República, una tarea que le correspondería a los parlamentarios que se posesionarán el 20 de julio próximo.
Pero es improbable que el referendo pase el examen en la Corte Constitucional, pues en derechos humanos existe el principio de no regresión, por lo que prohibir o penalizar el aborto es regresar en el avance de los derechos ya reconocidos.
El abogado Fabio Humar asegura que a quienes quieran tumbar el fallo les queda únicamente el camino del Congreso, realizando la reforma constitucional. “Hay que recordar que la misma Corte ha exhortado al congreso a que regule el asunto y que la sentencia opera mientras el Congreso regula, lo que pasa es nunca lo ha hecho”.
Una reforma constitucional la puede proponer cualquier persona, agrupación social o política o congresista. Debe ser radicada ante cualquiera de las dos secretarías de Senado y Cámara, para que sea remitida a la Comisión Primera respectiva.
Luego se deben surtir los ocho debates correspondientes para ser aprobados por las mayorías y cuando se cumpla ese proyecto de acto legislativo para a revisión constitucional por parte de la Corte.
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