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Exsecretario de Cancillería se defendió ante denuncia por contrato de pasaportes

José Antonio Salazar fue denunciado por la Agencia Jurídica del Estado por otorgar el contrato de los pasaportes a Thomas Greg & Sons.

Exsecretario de Cancillería se defendió ante denuncia por contrato de pasaportes

José Antonio Salazar y Álvaro Leyva. // Cancillería.

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José Antonio Salazar, exsecretario de Cancillería, se pronunció tras la denuncia presentada por la Agencia Jurídica del Estado por el contrato de los pasaportes otorgado a la empresa Thomas Greg & Sons. Según La FM, Salazar considera la denuncia como “absurda” y aseguró que aún no ha sido notificado oficialmente, pero está dispuesto a comparecer ante la Fiscalía.

Salazar expresó su disposición para colaborar con las autoridades, pero destacó que la Agencia Jurídica ya había expresado su postura durante el mandato de Martha Lucía Zamora. “Sí, por supuesto que como ciudadano es en mi deber, estoy listo, pero, lo extraño de la denuncia es que la Agencia Jurídica de Defensa del Estado ya había sentado su posición institucional cuando estuvo en cabeza de la doctora Martha Lucía Zamora”. Lea aquí: Identifican a tres colombianos que asesinaron México y les dejaron un cartel

La denuncia, presentada por John Jairo Motta, director (e) de la Agencia Jurídica, señala presuntos delitos como falsedad en documento público, interés indebido en contratos, prevaricato por acción y abuso de función pública. Motta cuestionó las acciones de Salazar, indicando que este desautorizó una resolución emitida por el canciller suspendido Álvaro Leyva, la cual había suspendido la primera licitación y declarado la urgencia manifiesta. Lea aquí: Destituyen a sargento y médico de la Policía tras múltiples denuncias de abuso

Según el documento, Salazar consideró la solicitud de Leyva como improcedente y decidió resolver el asunto basándose en un deber oficioso, considerando que los actos administrativos de su superior eran contrarios a la ley.

La Agencia Jurídica también enfatizó que Salazar no tenía la autoridad para revocar la resolución de su superior, ya que esta había sido emitida con anterioridad y había quedado firme más de cuatro meses antes. La denuncia señala que Salazar revocó un acto administrativo sin tener competencia para ello y sin una asignación funcional clara.

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