El oficial está siendo investigado por las anomalías encontradas en las pruebas de poligrafía realizadas a la exniñera de Laura Sarabia, quien actualmente es directora del Dapre. Este es uno de los primeros casos que se revelan durante la gestión de la fiscal Luz Adriana Camargo, y tiene gran relevancia para la Fiscalía.
El documento de acusación fue presentado contra el coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, por su supuesta participación en las irregularidades que ocurrieron durante las pruebas de poligrafía realizadas a Marelbys Meza en los sótanos cercanos a la Casa de Nariño. Según la Fiscalía, durante este proceso, la exniñera habría sido sometida a maltratos, amenazas e intimidaciones para obtener respuestas relacionadas con el paradero de una cantidad de dinero no especificada, presuntamente robada del apartamento de Laura Sarabia. Lea aquí: Suspenden donaciones en efectivo para la ‘vaca’ por las vías 4G en Antioquia
“En enero de 2023, luego de la pérdida de un dinero en el lugar de residencia de la señora Sarabia Torres, la exempleada habría sido trasladada a un edificio contiguo a la Casa de Nariño, donde presuntamente la sometieron a una práctica irregular de polígrafo”, declaró la Fiscalía.
Además, los investigadores de la dirección de Derechos Humanos determinaron que Marelbys fue incomunicada durante el proceso y que las pruebas y los equipos estaban destinados a funcionarios de la Presidencia de la República, no a civiles como ella. Lea aquí: Hacienda evaluaría cambio de umbral de cotización en reforma pensional
Al finalizar la prueba, Marelbys Meza Buelvas fue despojada de su teléfono celular y permaneció durante casi una hora en compañía del mayor Muñoz Hernández. Según la acusación, el oficial utilizó un lenguaje despectivo hacia ella, la amenazó con prisión e intentó persuadirla para que admitiera haber tomado el dinero reportado como extraviado por la entonces jefa de Gabinete.
El coronel Carlos Feria fue imputado por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. No se declaró culpable y su defensa solicitó que el caso fuera transferido a la justicia penal militar, lo cual fue aceptado por un juez. Esto abre un nuevo capítulo en la jurisdicción militar para el oficial, quien, a pesar de las investigaciones en su contra, fue convocado a un curso de ascenso.
La representación de las víctimas en este caso planea presentar un conflicto de competencias para que sea la Corte Suprema de Justicia la encargada de decidir dónde se llevarán a cabo las investigaciones y el juicio contra el coronel Carlos Feria.