Colombia


Francisco Ricaurte, primer magistrado condenado por el cartel de la toga

El Juzgado 10 penal del Circuito de Bogotá reveló el sentido de fallo condenatorio en contra del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y ordenó su captura inmediata.

COLPRENSA

09 de marzo de 2021 08:17 PM

El Juzgado 10 penal del Circuito de Bogotá reveló el sentido de fallo condenatorio en contra del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y utilización de información privilegiada. Además, se ordenó su captura inmediata.

Esta condena se efectuó en el proceso que se surte en su contra por el escándalo de corrupción conocido como ‘El Cartel de la Toga’, el cual vinculó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que ofrecían favores judiciales a cambio de dinero.

Según las investigaciones, exmagistrados de alto nivel, como Francisco Javier Ricaurte y Leonidas Bustos, promovieron y dirigieron una organización criminal entre 2013 y 2016, a la que integraron al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, al abogado Leonardo Pinilla y el exmagistrado de la Sala Penal Gustavo Enrique Malo Fernández para direccionar procesos penales a cambio de dinero.

Este escándalo de corrupción salió a la luz pública en diciembre de 2017, cuando se ordenó abrir la investigación en contra del exsenador Álvaro Ashton y a partir de allí se ha priorizado para su resolución, teniendo en cuenta que sus principales involucrados se encuentran condenados o bajo principios de oportunidad.

Como por ejemplo, Luis Gustavo Moreno, quien ingresó al país hace pocos meses luego de cumplir una pena en los Estados Unidos y ahora se encuentra colaborando con la justicia. Por su parte, el exsenador Álvaro Ashton tiene un acuerdo con la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Por su parte los juicios contra el exmagistrado Gustavo Malo y José Leonidas Bustos siguen abiertos.

CONDENA

Luego de más de tres años, el Juez Guillermo Adame Suárez anunció que condenará a Francisco Ricaurte por cuatro delitos por haber participado en esta organización criminal, que lo convierte en la primera personas condenada que no acepto ni cargos ni colaboró con la justicia.

De acuerdo con la acusación, las reuniones para ‘torcer’ los procesos se realizaban en la casa de Ricaurte y Bustos, quienes tenían los contactos y conseguían los clientes, los cuales en su mayoría eran dirigentes políticos investigados.

Los exmagistrados manejaban los casos con diferentes estrategias: conseguir información privilegiada, retardar los trámites, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos y hasta alterar evidencias, todo con el objetivo de obtener decisiones con apariencia de legalidad.

El juez tuvo en cuenta igualmente el testimonio del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien declaró contra Ricaurte acogiéndose a un principio de oportunidad.

En su testimonio, Moreno aceptó hacer parte de “una organización criminal para favorecer a los que eran amigos de Francisco Ricaurte o a aquellos que se acercaran a esta organización bajo la apariencia de legalidad”.

Según la declaración del exfiscal anticorrupción, Ricaurte conoció a Moreno en el año 2012 a través de Bustos e inmediatamente decidieron trabajar juntos y luego acordaron conformar una oficina en el norte de Bogotá, en conjunto con la expresidenta de la corte Ruth Marina Díaz. Este despacho fue el lugar donde el exfiscal empezó a trabajar en algunos casos que le refería el exmagistrado.

Este lugar estaba ubicado en el norte de Bogotá y era de bajo perfil, de acuerdo a una conversación entre Ricaurte y Moreno, donde el primero le decía que “es un hotel donde no viene mucha gente y uno se puede camuflar”, dijo el extogado.

En ese momento, Ricaurte fungía como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y tenía dos oficinas, “una en la calle 94, donde laboraba, y otra en donde estaba Luis Gustavo Moreno y al cual le pasaba procesos”.

Los exsenadores Álvaro Ashton, Musa Besaile y Julio Manzur, además de los exgobernadores Alejandro Lyons y Juan Carlos Abadía, fueron algunos de los beneficiados por estos actos de corrupción

¿CÓMO OPERABA?

De acuerdo con el Juez 10 penal, esta organización operaba intentando dar una apariencia de legalidad “que pareciera una asesoría jurídica, una actuación judicial. Esto no era corrupción sofisticada o cualquier acto de corrupción donde se usan sistemas financieros, esto es vil corrupción simple a través de una representación. ¿Dónde está el famoso concepto del señor Ashton?, ¿Donde está un concepto de prestación de servicios o un cheque?, eso no existe, aquí se estaban pagando unos sobornos y unos actos de corrupción”.

Estos argumentos, de acuerdo con el juez, se pueden sustentar en primera medida en la investigación que se le adelanta en la Corte Suprema al exsenador Alvaro Ashton desde 2012, por presuntos nexos con el frente José Pablo Díaz, de las Autodefensas, que operaban en la región Caribe, Magdalena, Bolívar y Atlántico, en el cual tenía de abogado a Luis Ignacio Lyons y que tuvo desde 2013 como ponente a Gustavo Malo.

En este caso, de acuerdo con lo que dijo el juez, Malo siempre mostró interés en el proceso, en donde había pedidos especiales de información y, de acuerdo con las declaraciones de algunos testigos, el objetivo era evitar que Ashton fuera capturado, a pesar de que en la Corte había pruebas suficientes para que se realizara la apertura de la investigación, su aprehensión e inicio de indagatoria. Por esta razón, y para que esto no se efectuará, solicitaron 1200 millones de pesos.

En el caso del exsenador Besaile, el juez dijo que este era un “proceso muy viejo” y que esta investigación tiene que ver con presuntos vínculos entre el exsenador y los paramilitares. Un caso que llegó a la par de la investigación contra el también exsenador Julio Manzur, pero que, según el juez, no se desarrolló de la misma manera que el primero, pues “este se aceleró debido a la preocupación que existía precisamente por el tiempo que llevaba abierto”.

Se pidió la renuncia al magistrado José Rodrigo Reyes, quien alcanzó a proyectar el auto de la investigación por orden de Ricaurte y, además, no tomó ninguna decisión sobre la información que tenía en su poder “cumpliendo los acuerdos concertados con Besaile dentro de la organización criminal”.

Ricaurte también le ordenó a Moreno comunicarse con Besaile y acordar el pago de 2000 millones de pesos, de los cuales habría recibido una parte el exmagistrado Malo, para evitar la captura.

Sobre el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, dijo que este es investigado por la celebración de un contrato para la dotación de bibliotecas escolares con una fundación que no tenía la experiencia y a la vez los contrató en favor de terceros.

El juez dijo que Ricaurte y el exfiscal Noveno Delegado ante la Corte Suprema de Justicia Alfredo Bettín Sierra, realizaron acciones para orientar las investigaciones hacia posibles decisiones de archivo, las cuales se habrían hablado en varias reuniones entre ellos para que la imputación no se realizara. Además, el juez puntualizó que “quedó demostrado que Betín sucumbía ante las peticiones de Ricaurte por conservar su puesto”.

El Juez finalizó diciendo que “la Fiscalía logró desvirtuar con solvencia la presunción de inocencia del doctor Ricaurte Gómez, por los medios de prueba, legalmente producidos y practicados en juicio oral, pues no se demostró hecho alguno que lo eximiera de la responsabilidad”, y agregó que estos hechos pusieron en tela de juicio la más alta institución del estado de la rama judicial: la Corte Suprema de Justicia.

Ricaurte había sido capturado en 2017 y fue dejado en libertad el 20 de agosto de 2019 por vencimiento de términos, razón por la cual el juez ordenó su captura.

Luego de que el juez emitiera sentido de fallo condenatorio en contra de Ricaurte, le dio la palabra a las partes para que se refirieran a la pena imponer. Razón por la cual la Fiscalía dijo que al exmagistrado se le debe imponer una pena en prisión de cerca de 24 años (286 meses), y una multa de 562 salarios mínimos.

Por su parte, la Procuraduría pidió 193 meses y una multa de 336 salarios mínimos. La sentencia se leerá el próximo 25 de marzo a las 8:00 de la mañana.

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