La Corte Constitucional le hizo un fuerte reclamo a la Unidad Especial de Investigación (UEI) para que avance en la investigación y judicialización de estructuras criminales responsables de hechos victimizantes contra los firmantes del Acuerdo de Paz.
La sala explicó que mediante una sentencia anunciada previamente, amparó los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad de los firmantes del Acuerdo Final de Paz, actualmente en proceso de reincorporación a la vida civil. Por lo que, desde ese entonces, la Sala ha hecho seguimiento al cumplimiento de las órdenes para superar la vulneración de derechos. Lea aquí: Sismo de magnitud 2.5 en el Magdalena Medio durante la madrugada del martes
En ese sentido, el Alto Tribunal explicó que lleva un registro de los hechos victimizantes contra este grupo de personas, por lo que le dio órdenes a la Fiscalía para asegurar las actuaciones de las autoridades respecto de los hechos y afectaciones narradas.
Señalo que es una “importante labor de memoria histórica para resaltar y nombrar una vez más la grave situación de riesgo y de daños consumados en la que se encuentra la población objeto de este estado de casos inconstitucionales”. Sumado a que los hechos documentados implican violaciones a derechos fundamentales y además, son “conductas punibles en muchas de las cuales ya se consumó el daño al derecho a la vida de los y las firmantes del Acuerdo de Paz”.
“La Sala instó a la Unidad Especial de Investigación a que, en caso de no haberlo hecho, adopte las medidas necesarias para impulsar la investigación y judicialización de las estructuras y organizaciones criminales responsables de patrones criminales contra esta población”, expresaron. Lea aquí: Esta semana saldría el decreto de cierres temporales en Playa Blanca
Igualmente, le ordenó a la Unidad Nacional de Protección que revise las condiciones de riesgo a las que se exponen los exmiembros de las Farc-EP que pertenecían al Bloque Sur y que son comparecientes ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Por esto, la UNP “debe adoptar e implementar sin dilaciones las medidas individuales y colectivas para garantizarles las condiciones para comparecer de forma segura ante el sistema de justicia transicional y entregar la información que le permita a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP actualizar el Sistema de Registro de Afectaciones a Comparecientes (SIRECOM)”.
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Esto con la presentación de planes, cronogramas y mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos de las autoridades para atender la situación de seguridad y de reubicación en condiciones dignas de los y las firmantes.
Cabe resaltar que, según datos por Indepaz, en lo corrido del año van 384 firmantes asesinados desde la firma de los acuerdos de paz, y un total de 28 en este 2023.