Karen Abudinen, ministra de las Tic, dice que no renuncia

La ministra de las Tic, Karen Abudinen, a quien por estos días el país le ha pedido su renuncia tras el escándalo por el millonario contrato con la Unión Temporal de Centros Poblados, que pretendía llevar conectividad a sitios alejados del país, culpó a los licitadores por el ‘embolate’ del anticipo de más de $70 mil millones.

MinTic requerirá a centros poblados para devolver $70.000 millones del anticipo

La ministra aseguró que el contrato sigue en firme y que las autoridades competentes están investigando dónde se encontraron las fallas y si hay culpables que paguen. “No solo caducamos el contrato, sino que inhabilitamos por cinco años a los contratistas y tendrán que pagar más de 39.000 millones de pesos de sanción. Por eso ordené la liquidación y pedí investigaciones”, aseguró la funcionaria en la entrevista con Semana.

La ministra defendió el proceso de contratación y dijo que fueron rigurosos para revisar las garantías, sin embargo, la empresa interventora no alertó de los errores y validó los documentos.

“Empezamos un proceso en contra de SES Colombia, que dio aval para continuar con el proceso que favoreció a estos vándalos”, dijo la ministra en la entrevista.

Asimismo, Abudinen se desentendió del escándalo, argumentó en repetidas ocasiones que la plata se embolató por culpa de Centros Poblados y confirmó que no tiene la intención de soltar su cargo.

“Aquí estoy y aquí me quedo. Seguiré trabajando para el Gobierno del presidente Duque, a menos que él defina lo contrario”, añadió en ese medio.

Centros Poblados ya habría invertido una parte de los 70.000 millones de pesos en las obras, razón por la cual una terminación unilateral del contrato, por parte del Gobierno, terminaría en una costosa demanda para la nación.

Abudinen anunció, en rueda de prensa, que la oficina jurídica del MinTic buscará hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria estipulada en el contrato, la cual establece que el contratista Centros Poblados deberá pagar la suma de 39.000 millones de pesos por el incumplimiento.