El retiro fulminante del director del Inpec, general Mariano Botero, y el director de la Picota, coronel Wilmer Valencia, luego de la denuncia presentada por Noticias Caracol sobre las salidas irregulares de Carlos Mattos de la cárcel La Picota de Bogotá, es solo el comienzo de un proceso con graves consecuencias tanto en lo penal como en lo disciplinario para los involucrados. Lea: Destituyen a directores del Inpec y La Picota por salidas de Carlos Mattos de la cárcel
De acuerdo con el abogado y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, en este caso es fundamental establecer quién solicitó ese permiso, cómo se dio, cómo resulta Mattos en su oficina (a pesar de que debía estar en una cita médica) y por qué los guardianes del Inpec terminan sirviéndoles de escoltas y de conductores para que vaya a su despacho privado. Lea: Abren indagación preliminar contra funcionarios del Inpec por caso Mattos
Según un oficio revelado por Blu Radio, la Dirección del Inpec autorizó la salida de Mattos el pasado 25 de febrero a una cita de optometría, que debía realizarse en la calle 50 con carrera 13 de Bogotá, un lugar muy distante de la oficina de Mattos, que queda en el norte de la ciudad. El oficio no fue firmado por el director del Inpec, Mariano Botero, sino por el director de Custodia y Vigilancia del Inpec, el teniente coronel Joaquín Darío Medrano, quien precisamente fue nombrado como director del Inpec encargado, en remplazo de Botero.
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En entrevista con Colprensa, el saliente director afirmó que la responsabilidad directa del caso es del director de la Picota, coronel Wilmer Valencia: “Sin eximirme de culpas, porque yo soy la cabeza del Instituto Nacional Penitenciario, el que aquí directamente tiene que responder es el director de la Picota, con su cuerpo de vigilancia quienes eran los directamente responsables de generar la designación, la supervisión y el regreso de este individuo al centro penitenciario”.
Justo ayer, el Inpec anunció el inicio de una investigación disciplinaria interna contra el coronel Valencia luego de conocerse una denuncia del diario La Nueva Prensa, que lo señaló de darle beneficios dentro de la cárcel al exgobernador de Arauca Facundo Castillo a cambio de que este promoviera la compra de votos a favor de su esposa, Luz Estella Quenza Becerra, candidata a la Cámara de Representantes por ese departamento.
Bernate explicó que en este caso debe haber una investigación disciplinaria que puede llevar a la destitución e inhabilidad, hasta por 20 años, y también debe iniciarse una investigación penal, para determinar el uso de ese vehículo oficial, que puede ser tipificado como peculado por uso, y la expedición de los permisos, lo cual constituye un delito de prevaricato por acción.
Para el abogado Bernate, también es fundamental establecer el papel que cumplió el apoderado de Mattos, Iván Cancino en todo este escándalo: “El abogado que llega a una reunión donde está custodiado el Inpec, que no fue una situación clandestina, pues por supuesto que tendrá que dar las explicaciones ante la autoridad disciplinaria que ya ha iniciado una actuación”.
“Ese día (25 de febrero) había una reunión en la oficina donde me he visto varias veces con sus hermanos. Yo lo saludo como a todos mis clientes, muy cordialmente. Obviamente me sorprende, tengo una conversación con él bastante larga, que no puedo revelar. La explicación que él me da es que tiene que recoger unos exámenes en el transporte y que es excepcional”, dijo Cancino a Blu Radio.
El abogado penalista Fabio Humar, sin embargo, considera que no existe ninguna responsabilidad por parte del abogado Iván Cancino. “Ellos se reunieron con su cliente y quién debe responder es el cliente, pero no el abogado. Se está satanizando la función del abogado, pero la responsabilidad sí debe ser del Inpec y sus funcionarios.
Ya se iniciaron las investigaciones
De acuerdo con el informe presentado por la unidad investigativa de Noticias Caracol, el empresario Carlos Mattos, preso por sobornar jueces y funcionarios judiciales dentro de un proceso por la distribución de la marca Hyundai en Colombia, salió de manera irregular de la cárcel La Picota, en un vehículo del Inpec, por lo menos en dos ocasiones en las últimas semanas, y se trasladó a su oficina en el norte de Bogotá.
En el seguimiento más reciente, hecho el pasado 25 de febrero, Mattos permaneció varias horas en su oficina, durante las cuales se encontró con su abogado Iván Cancino, pese a estar irregularmente por fuera de la cárcel.
Mientras él estaba en su oficina, la camioneta del Inpec permaneció en un parqueadero vecino esperando y horas después lo llevó de nuevo a la cárcel. Pese a que debería estar recluido, las imágenes muestran a Mattos caminando tranquilamente por la calle, sin compañía de ningún guardián.
Minutos después de que se publicara el informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol, el Gobierno confirmó el retiro del director del Inpec, el general Mariano Botero, y del director de la Picota, coronel Wilmer Valencia. Además del traslado a la cárcel de Cómbita en Boyacá de Carlos Mattos.
Así mismo, la Fiscalía anunció que investigará oficiosamente tanto a funcionarios del Inpec como a particulares y explicó que no tiene dentro de sus competencias autorizar permisos de salida donde está recluido el señor Carlos Mattos. “Esa es una responsabilidad del Inpec y otras instancias. De igual manera, dentro del preacuerdo no existe, ni se habla de este tipo de condiciones, ni de autorizaciones para salidas o permisos”, aclaró la Fiscalía.
Por su parte, la Procuraduría anunció la apertura de una indagación preliminar contra funcionarios del Inpec y la cárcel la Picota para establecer responsabilidades, y reveló que ya se encuentra realizando el recaudo del material probatorio para que se pueda avanzar en la investigación.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por su parte, anunció la remisión a la Comisión Seccional de Bogotá sobre las supuestas reuniones de abogados con el detenido Carlos Mattos, durante sus salidas en la capital del país.