Los tentáculos de Marquitos y su relación con el esposo de la ex reina María Mónica Urbina

17 de junio de 2019 10:04 AM
Los tentáculos de Marquitos y su relación con el esposo de la ex reina María Mónica Urbina
José Guillermo Hernández y María Mónica Urbina durante una boda en Cartagena de Indias celebrada en 2015. Foto: Archivo/El Universal

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Cuando a bordo de una volqueta tumbó las paredes de la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta y se dio a la fuga, en 1998, el nombre de Marcos de Jesús Figueroa García, más conocido como Marquitos, apenas empezaba a sonar en el mundo criminal.

Aunque pareciera extraído de un guión cinematográfico, el episodio fue el primer eslabón de una cadena que concluyó con la mayor extinción de dominio que ha logrado este año (y una de las más grandes de la historia) la Fiscalía General, en la que 1,2 billones de pesos en bienes a nombre de Marquitos, sus familiares y otros testaferros fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) el martes.

¿Cómo logra una persona amasar tal fortuna en un período aproximado de 20 años? Las autoridades acusan a Marquitos de una larga lista de delitos, que se remontan varias décadas atrás, incluyendo narcotráfico y contrabando.

Su inicio con Gnecco

Hijo de un vendedor de chivos y una vendedora ambulante de La Guajira, Marquitos nació en Fonseca, en el seno de una familia de origen wayuú, pero desde niño se fue a vivir a Barrancas. Allí creció y durante los 90 empezó a construir su prontuario: integró un grupo de hombres que extorsionaba a los contrabandistas, cobrándoles diversas sumas de dinero a cambio de dejarlos ingresar con sus cargamentos a través de las comunidades indígenas guajiras.

Fue por esos hechos y, además, por ser señalado de negociar con bienes robados, que Marquitos fue capturado, procesado y llevado a la cárcel de Santa Marta, de donde huyó en 1998. Con esa reputación creada, conoció años después al asesinado paramilitar, político y narcotraficante Jorge Gnecco Cerchar, quien para la época era conocido públicamente como un empresario, dueño de cultivos de palma africana y de una empresa transportadora de carbón llamada La Carolina.

Marquitos se ofreció a prestarle a Gnecco servicios de seguridad para sus empresas, pero según investigaciones de la Fiscalía, ascendió rápidamente hasta convertirse en la mano derecha de Gnecco en sus negocios de narcotráfico, justo en los años 90, época en la que el empresario inició una disputa con Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, por el control territorial en La Guajira.

Los tentáculos de Marquitos y su relación con el esposo de la ex reina María Mónica Urbina

Su propia banda

Jorge Gnecco Cerchar fue asesinado a manos de Jorge 40 el 11 de agosto de 2001. Y fue a partir de ese momento, que Marquitos, con el heredado conocimiento del negocio, habría creado su propia banda criminal, que ha sido conocida como “Los Curicheros” o la “Banda de Marquitos”.

No pasó mucho tiempo para que Marquitos llamara la atención de Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez, quien para la época fungía como gobernador de La Guajira.

Esa nueva relación daría origen a los múltiples casos judiciales por los que hoy es procesado. El 12 de octubre de 2013, el CTI de la Fiscalía capturó a Kiko Gómez, señalado por concierto para delinquir agravado. Las autoridades consideraban tener elementos probatorios suficientes para considerar que Gómez estaba relacionado con el Bloque Norte de las Autodefensas, liderado por Jorge 40, y con la “Banda de Marquitos”.

El ente acusador señaló a Gómez de ser el autor intelectual de varios asesinatos, entre ellos el de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Britto y su esposo, que habrían sido ejecutados por la organización criminal.

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Muerte en la vía

En 2008, Britto señaló públicamente que mientras era alcaldesa, entre 2004 y 2007, Kiko Gómez la presionó para hacer nombramientos, peticiones a las que ella se había negado.

El 2 de abril de ese año, Henry Ustáriz Guerra, esposo de la exalcaldesa, se desplazaba en una camioneta con su escolta Wilfredo Fonseca Peñaranda por la vía Fonseca-Barrancas, cuando ambos fueron ultimados a tiros.

Yandra Britto presentó la respectiva denuncia por homicidio el 8 de julio de ese año, ante el director seccional del CTI de Riohacha. En su declaración, la exmandataria señalaba como autor a Gómez y especificaba que, para cometer el crimen, había contado con la colaboración de Marquitos.

Pero la denuncia pasó de mano en mano. Ese 29 de diciembre se asignó el proceso a un fiscal delegado ante jueces penales del Circuito y, posteriormente, a la Fiscalía para Asuntos Humanitarios de Santa Marta. Ahí permaneció el caso hasta el 6 de enero de 2011, cuando ante la desaparición de esa dependencia, el fiscal de Santa Marta archivó las diligencias contra Kiko Gómez y compulsó piezas procesales a la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito con sede en Fonseca.

Mientras tanto, Britto no paraba de declarar públicamente que Gómez la estaba amenazando de muerte. Y el 28 de agosto de 2012, dos hombres en moto interceptaron la camioneta de la exalcaldesa, que se movilizaba por el barrio Guatapurí de Valledupar, y le propinaron ocho disparos. Aunque sus escoltas la trasladaron a un centro de salud, allí llegó sin signos vitales.

El 28 de enero de 2013, el fiscal primero penal del Circuito ordenó el archivo de las diligencias contra Marcos Figueroa y los otros implicados.

¿Y la justicia?

Ese tejemaneje judicial llamó la atención de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema, de la Fiscalía, que ordenó reabrir la investigación, considerando que el archivo del proceso había sido, al parecer, ilegal. Además, la Unidad pidió abrir un caso contra quien para la fecha de los hechos, fungía como fiscal especializado para Asuntos Humanitarios de Santa Marta y otro, contra el fiscal segundo de Fonseca, que posteriormente fue capturado el 14 de mayo de 2015 y condenado por prevaricato por omisión y concierto para delinquir el 19 de octubre de 2017.

Con respecto a Marquitos y los otros presuntos implicados en los homicidios, la dependencia compulsó copias a la Unidad Nacional Contra las Bandas Emergentes. Con la investigación reabierta, la Fiscalía lo acusó de otros tres homicidios: el del asesor jurídico del Ministerio de Transporte, Dilger Elkin Becerra; su conductor, Iván Martínez; y un acompañante, Alejandro Bonavento; ocurridos el 9 de agosto de 2011, en Riohacha.

Por estos hechos, el 19 de febrero de 2014, un juez dictó orden de captura contra Marquitos y, además, medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Sin embargo, ya no quedaba rastro de él en La Guajira.

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Destino: Brasil

Mientras las autoridades intentaban establecer el paradero de Marquitos, Kiko Gómez fue acusado de otros tres homicidios: el del concejal de Barrancas, Luis López Peralta, asesinado el 26 de febrero de 1997; y los de los campesinos Luis Alejandro Rodríguez y Rosa Mercedes Cabrera, ultimados en Fonseca. Según la Fiscalía, los campesinos habrían muerto a manos de hombres al mando de Marquitos.

De él se sospechaba que había huido del país para radicarse en Venezuela y que se movía entre las ciudades de San Cristóbal y Valencia. Las autoridades le siguieron la pista durante todo el 2014.

Sin embargo, el rompecabezas que fue armando la inteligencia de la Policía Nacional viró en otra dirección: Boa Vista, una ciudad brasileña en zona fronteriza con Venezuela. Allí, en una operación conjunta entre los cuerpos policiales de Colombia y Brasil, cayó finalmente Marquitos el 22 de octubre de 2014.

Tres semanas después, la Fiscalía solicitó al Gobierno de Brasil extraditarlo, procedimiento que se hizo efectivo cerca de un año y medio más tarde, el 27 de abril de 2016.

Ñeñe y la plata

La extradición de Marquitos fue una especie de impulso para los procesos judiciales a su alrededor. El 18 de noviembre de ese año, un juez declaró culpable a Kiko Gómez por dos tentativas de homicidio, tres homicidios, y porte y tráfico ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, y lo condenó a 55 años de prisión.

Y el 26 de abril de 2018, la Fiscalía y la Dijín capturaron a seis presuntos integrantes de la “Banda de Marquitos”, entre ellos, Marcos Figueroa Fonseca, hijo del capo.

En Brasil quedaba un tentáculo de la red: José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe, esposo de la exreina de belleza María Mónica Urbina. Su nombre aparece por primera vez junto al de Marquitos, acusados por la Fiscalía en la investigación por el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez, hijo de Carlos Rodríguez, ocurrido el 18 de agosto de 2011. Se trataba de un prestamista que habría tenido rencillas con Hernández por una deuda de 5.000 millones de pesos.

Los hechos ocurrieron en 2011 en Barranquilla y, a partir de entonces, la relación entre Marquitos y Ñeñe, que viajaba repetidamente a Brasil por sus negocios de ganadería, se habría vuelto más estrecha, al punto en que desde 2014, ya en la cárcel, el capo habría delegado en Hernández el manejo de su red de narcotráfico en el vecino país.

Por eso, no sorprendió a la Fiscalía que varios de los lujosos bienes incautados el pasado martes a Marquitos y sus familiares, estuvieran a nombre de Ñeñe, asesinado el 1 de mayo en Brasil. La versión oficial apunta a un atraco.

En cuanto a Figueroa, que permanece en la cárcel, la Justicia tiene 5 casos abiertos en su contra, pero no se ha logrado condena alguna pues, según la Fiscalía, “los abogados han dilatado los procesos” .

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