Regular el transporte público en Colombia: una bomba de tiempo

14 de enero de 2020 08:35 PM
Regular el transporte público en Colombia: una bomba de tiempo
Uber anunció el pasado 10 de enero que se va del país. // Colprensa

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El anuncio de la salida de Uber de Colombia continúa generando revuelo sobre el uso de las plataformas que prestan el servicio de transporte. Ahora, el Gobierno Nacional busca, a través de los proyectos de ley presentados por los representantes Mauricio Toro y Edwin Ballesteros, regular las condiciones del servicio de transporte público en general, se traten o no, de plataformas tecnológicas.

(Lea aquí: Caso Uber y otras app: Mintransporte está de acuerdo con legislar servicio de transporte)

Frente a la necesidad de legislar sobre este aspecto, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que el propósito de las mesas de trabajo que se instalarán con los actores implicados, tiene como propósito establecer condiciones que den igualdad tanto a los conductores de taxi como a los conductores de las plataformas para hacer su trabajo.

Aspectos relacionados con las licencias de conducción, cupos de los taxis y vehículos empleados para transportar pasajeros son algunas de las medidas que se quieren tomar. Sin embargo, ¿cuáles puntos se proponen para regular las aplicaciones como Didi, Cabify o Beat? ¿Cómo se solucionarán estos aspectos cuando su legislación puede ser prolongada?

Expertos hablaron sobre las acciones que está tomando el Gobierno Nacional con el tema y cómo se solucionará la pugna entre plataformas y el gremio de los taxistas.

Una legislación larga y demorada

Frente a las declaraciones realizadas por la ministra Orozco, Uber Colombia señaló que si bien la propuesta hecha por el Gobierno Nacional es un primer esfuerzo para determinar condiciones sobre el servicio de transporte no la consideran una solución “pues esta propuesta legislativa tomaría como mínimo tres meses y sobrepasaría el plazo anunciado por Uber para dejar de funcionar en Colombia, conforme a la obligación de acatar el fallo de la SIC, el próximo 31 de enero”.

La empresa demanda las mismas condiciones que las demás aplicaciones que funcionan en Colombia, así como la participación en las conversaciones sobre el tema, pues según la plataforma, no los han involucrado en ellas.

“Hasta la fecha, ni Uber ni los socios conductores, ni los usuarios registrados en la app de Uber hemos sido invitados a participar en las más de 700 mesas de trabajo mencionadas por la ministra Ángela María Orozco en la rueda de prensa”, recalca el documento.

Lo más preocupante del asunto, según lo manifestó el representante a la Cámara y ponente del proyecto de ley sobre regulación de Transporte Público, Mauricio Toro, las legislaciones se iniciarían el 20 de marzo, por lo que el proceso de debate va a ser extenso y prolongado.

¿Qué propone el proyecto de ley sobre regulación de transporte?

El proyecto de ley presentado por los representantes a la Cámara Mauricio Toro y Katherine Miranda (Partido Verde), Edwin Ballesteros (Centro Democrático) y Andrés García (Partido de la U) tiene como condición que las PIM (Plataformas de Intermediación para la Movilidad) tengan pólizas de seguros de responsabilidad civil extracontractual para operar, con el fin de cubrir todo riesgo relacionado con la prestación del Servicio Privado de Transporte Intermediado frente a pasajeros y terceros.

(Lea aquí: Gobierno trabajará con el Congreso reglamentación para plataformas como Uber)

Así mismo, los conductores de las plataformas deberán contar con una póliza de seguros para usuarios conductores, en caso de muerte, tal como se le exige a quienes manejan taxi. Además, deben contar con una licencia de conducción en la misma categoría exigida a los conductores de servicio de taxi.

Por otra parte, los OPIM (Operadores de Plataforma de Intermediación para la Movilidad) deberán hacer una contribución del 1% sobre el valor facturado por cada Servicio de Transporte Intermediado.

“Esta contribución financiará un Fondo de Compensación de Cupos del servicio de transporte público individual, que estará a cargo del Ministerio de Transporte y que se podrá utilizar para financiar programas de desmonte gradual de las reglamentaciones distritales y municipales existentes de asignación de cupos”, señala el documento.

El proyecto también señala que en las ciudades y municipios con población inferior a un millón de habitantes las autoridades locales podrán restringir la prestación del Servicio de Transporte Privado Intermediado para preservar la sostenibilidad y competencia entre las plataformas.

Una unión entre rivales

José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de Bogotá, recalcó que una de las formas en las que se podría regular el transporte público en el país sería derogando las leyes 336 de 1996 y la Ley 769 del 2002, las cuales impiden que los vehículos particulares transporten pasajeros.

“Otra de las opciones que se ha dado, además de las regulaciones expuestas en el proyecto de ley, es que los taxis amarillos y Uber se alíen para crear una empresa mixta o que Uber logre crear una nueva empresa de transporte involucrando al gremio de los taxistas. Eso no solo le permitirá habilitarse como aplicación, sino como empresa de transporte”, señaló.

La razón por la cual Rojas considera pertinente la unión entre los grupos es para demostrar que hay suficiente mercado para estos modelos de transporte.

“Según la encuesta de movilidad, el 3% de los ciudadanos se mueven mediante aplicaciones y el 5% usan taxis. Esto demuestra que los primeros no les está quitando mercado sustancial a los segundos, sino que han descubierto un público que el gremio de taxistas no había logrado acceder. Deben unirse para tener un grupo más amplio para atender”, resaltó.

En este aspecto también está de acuerdo el experto en economía digital Gustavo Palacios, quien manifiesta que el sistema público de transporte debe operar desde la libertad y la autonomía.

“Se debería legislar desde la innovación de forma que todas las plataformas impacten de forma positiva en términos de movilidad y prime las necesidades del usuario. La regulación debe encaminarse hacia ese sentido, y generar un plazo para que se dé entrada a otras alternativas de transporte, o se hagan alianzas público-privadas entre diferentes actores”, afirmó Palacios.

El limbo de Uber

Víctor Solano, consultor en reputación digital, resaltó que, pese a la solución que se intenta dar mediante las regulaciones a los vehículos, licencias de conductores que usan plataformas y una posible fusión de empresas, uno de los grandes dilemas que ha enfrentado Uber se debe al limbo que enfrenta entre ser una aplicación tecnológica y una empresa de transporte.

(Le recomendamos: El tema es la igualdad en la prestación del servicio: Duque sobre Uber)

“Una cosa que Uber requiere definir es, que si es una empresa de transporte, ¿en qué clase de vehículos prestará el servicio? ¿Será en vehículos habilitados para el transporte de pasajeros o vehículos privados, que se supone, son para movilización individual? Eso es lo más difícil de delimitar para encontrar una solución”, recalcó.

Además de esto, otra de las razones que generan la disputa entre Uber y el gremio de taxistas es la migración de conductores. Esto se dio por temas de rentabilidad, debido a que los costos de los taxis eran elevados en comparación con las aplicaciones.

“Creo que hay una gran movilidad de muchos de estos [taxistas] hacia otras plataformas y que vieron una gran oportunidad en términos económicos para cambiarse, porque en lugar de pagar un cupo de 120 millones de pesos solo por el cupo, ahora se compran un carro de 30 millones sin pagarlo”, explicó Solano.

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