Un juez de Andorra investiga a varios futbolistas españoles de Primera División por la presunta compra de relojes de alta gama de contrabando, lo que ha llevado a la Guardia Civil a enviar requerimientos de información a los jugadores implicados.
La Fiscalía andorrana ha solicitado la colaboración de la Unidad Central Operativa y, según confirmaron fuentes oficiales, la próxima semana se tomará declaración tanto a futbolistas como a empresarios relacionados con la adquisición de relojes de lujo en ese país. Lea aquí: Atlético de Madrid le ganó al Barcelona y sueña con las semifinales
Las pesquisas apuntan a una sociedad del Principado, Best In Asociados, dedicada a comercializar relojes de alta gama sin cumplir con el pago correspondiente de impuestos.
Varios jugadores investigados por la Guardia Civil
Entre los clientes de esta empresa figuran jugadores internacionales como César Azpilicueta, del Sevilla FC, y Dani Carvajal, del Real Madrid, según indicaron fuentes de la Guardia Civil.
El mecanismo investigado consistía en que una empresa española adquiría los relojes a distribuidores nacionales y los importaba a la sociedad andorrana, desde donde se revendían a los futbolistas, evitando así el pago del IVA y aprovechando ventajas fiscales del Principado, lo que generaba un beneficio considerado ilegal. Le puede interesar: La cruel decisión de Aaron Ramsey, exfigura del Arsenal
El juez también ha solicitado la colaboración de España para interrogar a los investigados que residen en el país, incluyendo a los jugadores y a siete particulares o empresas españolas que participaron en la venta de estos relojes a la firma andorrana.
¿Qué puede seguir tras la investigación?
Tras la investigación en Andorra, el proceso puede derivar en imputaciones formales si se comprueba la evasión fiscal o el contrabando, lo que implicaría declaraciones judiciales, posibles sanciones económicas y, en casos más graves, responsabilidades penales.
La Guardia Civil y la Unidad Central Operativa seguirán recopilando pruebas, y si se acredita que hubo participación consciente de los implicados, tanto los futbolistas como las empresas podrían enfrentar multas, acuerdos judiciales o incluso penas de prisión según el grado de implicación.