El Barcelona anunció este viernes que ha presentado una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por un presunto delito de calumnias contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Según informó el club azulgrana mediante un comunicado, la acción legal está relacionada con las declaraciones realizadas por el dirigente madridista durante una rueda de prensa celebrada el pasado 12 de mayo y en una entrevista concedida a un medio de comunicación al día siguiente. Lea aquí: Florentino Pérez, reelegido como presidente de Real Madrid: José Mourinho, más cerca
En dichas intervenciones, Florentino Pérez acusó al Barcelona de “corrupción”, de “enriquecer a los árbitros” y de haber sido “siempre beneficiado” por las decisiones arbitrales, en referencia al denominado ‘caso Negreira’.
“El objetivo de esta demanda es que el Sr. Pérez se retracte de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del club”, señaló la entidad catalana en su comunicado oficial.
El Barcelona advirtió además que, en caso de que esta demanda no sea atendida de manera satisfactoria, procederá a presentar la correspondiente querella criminal.
Días atrás, el presidente en funciones del club, Rafael Yuste, ya había adelantado que el departamento jurídico tenía preparadas acciones legales para responder a lo que calificó como “la infamia más terrible”. Le puede interesar: José Mourinho pone rumbo al Real Madrid y se abre una nueva etapa en el club
“Nos veremos en los juzgados. Porque les diré una cosa: el nombre del Barça, este escudo, no lo mancha nadie. Ni a ninguno de ustedes les toca nadie; ya nos encargaremos nosotros. Por tanto, confíen en nosotros, porque iremos a por ellos, porque tenemos las de ganar”, afirmó entonces.
El ‘Caso Negreira´
El llamado ‘caso Negreira’ investiga los pagos efectuados por el Barcelona durante varios años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de sociedades vinculadas a él.
La Fiscalía considera que esos pagos, que superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018, podrían haber tenido como finalidad influir en el estamento arbitral. Por su parte, el Barcelona sostiene que el dinero correspondía a servicios de asesoramiento técnico e informes relacionados con los árbitros.