La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia ha presentado un pliego de cargos contra importantes compañías del sector de distribución de combustible, incluyendo Terpel, Chevron Petroleum Company, Biomax Biocombustibles, Primax Colombia, así como contra la Asociación de Distribuidores Minoristas de Combustible y Derivados del Petróleo de Nariño (Adiconar) y otros 46 distribuidores minoristas. Estas entidades son acusadas de involucrarse en prácticas anticompetitivas en el departamento de Nariño.
La investigación de la SIC busca determinar si estas empresas crearon estrategias para obstaculizar la entrada de nuevos agentes mayoristas en el mercado de distribución de combustibles en Nariño. Esta conducta podría haber afectado negativamente a los consumidores y al mercado en general.
Según el pliego de la SIC, las multas por estas presuntas prácticas anticompetitivas podrían ascender a 100.000 salarios mínimos para cada persona jurídica, equivalentes a unos $116.000 millones, y hasta $2.300 millones para las personas naturales implicadas. Lee también: Leonardo Villar: “la proyección del Emisor para el PIB a fin de año cambió”.
La SIC ha explicado que, según la normativa vigente, un distribuidor mayorista que construya una planta de abastecimiento en Nariño obtendría el primer orden de prelación para distribuir combustibles en el departamento. Sin embargo, esta regulación se habría visto afectada por las presuntas prácticas anticompetitivas.
Los investigados presuntamente llevaron a cabo más de 45 acciones judiciales y administrativas para prevenir que nuevos distribuidores construyeran plantas de abastecimiento en Nariño. Entre estas acciones se incluyen recursos ante el Ministerio de Minas y Energía, acciones de tutela, acciones populares y demandas ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Según la SIC, estas acciones habrían sido coordinadas en reuniones organizadas por Adiconar, con la participación tanto de distribuidores mayoristas como minoristas. La estrategia presuntamente buscaba evitar que cualquier agente alcanzara el primer orden de prelación en la distribución de combustibles. Lee también: Colombia es el tercer mayor receptor de remesas en Latinoamérica.
Este esquema anticompetitivo investigado por la SIC habría logrado que se suspendiera el modelo de abastecimiento establecido por la regulación, perjudicando a los consumidores de Nariño. Los habitantes del departamento no habrían disfrutado de una reducción en el riesgo de desabastecimiento ni de una posible disminución en los precios de los combustibles líquidos.
Esta situación pone en evidencia la importancia de una competencia justa y efectiva en sectores clave como el de los combustibles, donde las prácticas anticompetitivas podrían tener un impacto directo en los precios y la disponibilidad de productos esenciales para los consumidores.