El Gobierno nacional presentó el proyecto de Ley 477 de 2026, una reforma tributaria que busca “estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto y generar crecimiento económico en un marco de equidad, eficiencia y progresividad”.
Esta iniciativa, denominada ‘Ley de Rescate Económico’, contempla medidas que podrían tener un impacto directo en el bolsillo de los colombianos. Más allá de la búsqueda de recursos para las finanzas del Estado, el proyecto incluye aspectos como la devolución del IVA a los hogares de menores ingresos, con posibles efectos en el costo de vida y la actividad económica de los pequeños negocios.
Uno de los puntos más controversiales de la reforma es el aumento de impuestos a productos de la canasta familiar. La propuesta busca eliminar la tarifa reducida del IVA del 5% que actualmente tienen algunos bienes y servicios, como el café, los huevos y las legumbres, para que pasen a pagar el 19 %. De esta manera, productos que antes tenían un impuesto menor podrían registrar un aumento en su carga tributaria. Le recomendamos: Anif respalda la Ley de Rescate, pero pide revisar el aumento del IVA
De acuerdo a Andrés Aleán, director del programa de Economía en la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), el Gobierno admitió que esta modificación del IVA puede incrementar la inflación en 2028, por lo que el Banco de la República “podría verse obligado a retrasar la reducción de las tasas de interés, lo que desincentivaría la inversión privada”, puntualizó.
¿Cómo la Ley de Rescate Económico puede afectar los bolsillos de los cartageneros?
Cartagena registró una tasa de desempleo de 13,7% en el trimestre de julio a septiembre de 2026, la más alta entre las 13 ciudades y áreas metropolitanas principales. De esta manera, es importante contemplar los efectos que podría tener el proyecto de ley sobre el mercado laboral.
El proyecto de ley plantea reducir el gasto público en un 20% en cuanto al gasto de personal de las entidades públicas de orden nacional, y del 50% en los costos asociados a la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Estos cambios no serán inmediatos y los nuevos empleos podrían no compensar rápidamente los puestos de trabajo que se pierdan en el sector público. Además, las personas desempleadas podrían tener dificultades para encontrar trabajo, porque las nuevas empresas necesitarán perfiles diferentes.
“Para Cartagena, esta discusión es particularmente relevante. La actividad productiva de la ciudad es tal que el 64,4% del valor agregado es atribuible al sector terciario, según datos del 2024 del DANE. Este sector incluye actividades comerciales, de servicios y otras que pueden verse afectadas indirectamente por cambios en la contratación pública. Así, es importante evaluar si los nuevos empleos serán accesibles para los trabajadores que podrían verse afectados por el ajuste”, señaló Aleán.
Ahora, en una ciudad con un alto índice de informalidad, la efectividad de la devolución del IVA es poco viable. Según los microdatos de la Encuesta de Micronegocios (DANE-EMICRON) del 2025, el 89,2% de los micronegocios en la ciudad no tiene Registro Único Tributario (RUT), y sin esto no es posible emitir facturas electrónicas. Le puede interesar: De La Espriella pide acelerar trámite de la Ley de Rescate Económico en el Congreso
Incluso, si el negocio no posee el sistema de facturación electrónica, proponen la instalación gratuita por parte de la DIAN, así como campañas para promover su uso simplificado, sin embargo, las barreras superan la formalización de los micronegocios; se debe incluir a la ecuación la manera cómo los hogares de menores ingresos acceden a bienes y servicios.
“Los hogares de menores ingresos realizan una parte importante de sus compras diarias en establecimientos de pequeña escala (por ejemplo, tiendas de barrio). Si sus compras no quedan registradas de manera electrónica, el monto de devolución calculado podría no reflejar los impuestos que efectivamente pagan”, aseguró Aleán.
Por estas razones, mientras el proyecto de ley avanza en su trámite, los colombianos estarán atentos a las decisiones que se tomen sobre esta iniciativa y a los posibles efectos que tendría en el costo de vida, el empleo y la economía de los hogares, especialmente en ciudades como Cartagena.
