En el plano internacional, el cambio de rumbo del Gobierno ha sido igualmente drástico. La recomposición de las relaciones con Estados Unidos y el restablecimiento de vínculos con Israel abren puertas clave en materia de cooperación militar e inteligencia. Con todo, la diplomacia de un Estado debe guiarse por el interés nacional permanente y no exclusivamente por afinidades ideológicas. Alinearse de manera absoluta con una agenda externa tiene costos que deben medirse con prudencia, evitando el aislamiento frente a otros socios globales y preservando márgenes de autonomía estratégica.
Donde el panorama luce más complejo es en el frente económico y social. El Gobierno recibió unas finanzas públicas funestas, con un déficit fiscal que amenaza la estabilidad macroeconómica. La propuesta de una Ley de Rescate Económico, orientada a recortar el gasto burocrático, reducir la carga tributaria empresarial y buscar respaldo del FMI, apunta en la dirección de recuperar la confianza inversionista.
Pero el pragmatismo fiscal choca con la realidad política: sin mayorías propias en el Congreso y con el malestar social azuzado por la oposición en las calles, imponer reformas sin concertación puede conducir al bloqueo institucional. Asimismo, crisis silenciosas pero críticas, como las de los sistemas de salud y energético, demandan soluciones estructurales que no pueden aplazarse porque su indefinición castiga muy pronto en los hogares -y en las encuestas-.
Finalmente, el aspecto que exige mayor vigilancia democrática es el respeto por las instituciones y el pluralismo. La firmeza en el ejercicio del poder no puede confundirse con la descalificación de quien piensa distinto. Episodios como las presiones que derivaron en cambios en la dirección del DANE, la salida de la cabeza del principal gremio empresarial del país, el debilitamiento financiero de entidades autónomas y los roces con la prensa crítica encienden alertas sobre una posible deriva iliberal. A ello se suma una batalla cultural promovida desde el alto gobierno que, si bien conecta con sectores tradicionales, no debe erosionar el carácter laico del Estado ni los derechos de las minorías consagrados en la Constitución que el propio mandatario juró defender.
Colombia es una nación fracturada que necesita orden, reactivación económica y autoridad legítima, pero también serenidad y la recuperación de la Unidad Nacional.
El presidente De La Espriella ha pedido que se le juzgue por sus resultados. Para alcanzarlos en los 47 meses que restan, deberá comprender que la puesta en escena ya cumplió su ciclo y que la verdadera estatura de un estadista se mide por su capacidad para construir consensos amplios, tramitar sus iniciativas dentro del marco institucional y gobernar para todos los colombianos, no solo para quienes aplauden su estilo.
